Constructora genera conflicto en la comuna uno de Soacha

Según la comunidad del conjunto residencial San Telmo, ubicado en el sector de Ducales de la comuna uno, la empresa ConstruMax es la responsable del conflicto generado entre los habitantes, la administración municipal y la misma constructora, debido a la falta de información y a las condiciones en las que entregó los apartamentos.


“Nosotros nos sentimos engañados por parte de la constructora ConstruMax, ya que hubo una tergiversación de la información al momento de vender. Para empezar, la urbanización fue presentada como un conjunto residencial abierto y la vendieron sobre planos; sin embargo muchas personas argumentan que a ellos les aseguraron que se trataba de una propiedad horizontal cerrada. Posiblemente lo especificaron así para vender los apartamentos rápido, pero ocasionaron roces dentro de la misma comunidad”, recalcó Venancio Domínguez, presidente del consejo administrativo de San Telmo.

Justamente el conflicto causado dentro de la misma comunidad radicó en el pago de la administración, pues varias personas aseguraron que al momento de comprar la vivienda les dijeron que por ser un conjunto residencial abierto se exceptuaba de dicho desembolso. La falta de información causó desentendimiento en la cancelación de la obligación, situación que originó disgustos entre la comunidad y la constructora, razón por la cual se vieron obligados a exigir la renuncia de la administradora.

“Otro de los graves errores, el cual nos ha perjudicado gravemente, es que la constructora al momento de entregar los apartamentos no dio ningún tipo de guía o manual de convivencia en el cual supiésemos cuáles son las normas por las que estamos regidos en un conjunto. Por lo tanto nosotros empezamos a vivir en esta urbanización a ciegas, incluso no teníamos idea de la existencia de la ley 675 que rige la propiedad horizontal a nivel nacional, y precisamente la falta de conocimiento de esta ley ha ocasionado terribles inconvenientes para la comunidad”, agregó Domínguez.

Al no tener conocimiento de la ley que rige la propiedad horizontal varios vecinos empezaron a realizar ampliaciones a sus viviendas, tanto en los antejardines como en las partes posteriores de los apartamentos. Según describe la comunidad, de forma inmediata, representantes de la constructora hicieron presencia y establecieron una demanda contra los residentes, alegando que estaban cometiendo una infracción urbanística, sin embargo la comunidad ha sido reiterativa al establecer que era responsabilidad de la constructora guiarlos y establecer los parámetros de convivencia en el conjunto para evitar este tipo de inconvenientes.

Como consecuencia de la demanda ante la administración municipal, a los residentes que ya han ampliado sus viviendas les aseguraron que es posible que deban derrumbar las obras. En ese caso la comunidad expresó su inconformismo, ya que sostiene que si se llega a retirar un ladrillo de lo ya construido, se afectaría directamente las viviendas de los vecinos.

“Como en todo conjunto residencial estas casas están construidas de tal forma que comparten los muros, entonces si fuese necesario volver a tumbar, lógicamente el impacto de la demolición debilitaría las estructuras de los vecinos, poniendo en riesgo la integridad de las familias. Esta clase de inconvenientes que la misma ConstruMax denunció, se hubiesen evitado si ellos cumplieran con su responsabilidad de dar información precisa y veraz a todas las familias que compraron”, aseveró Freddy Páez, coordinador de convivencia del conjunto.

Sumado al rose que la misma constructora generó entre la comunidad, los residentes aseguran que al momento de la compra les prometieron que la urbanización contaría con espacios comunes, entre ellos parqueaderos y una zona de recreación para niños. Sin embargo en el espacio en el que los habitantes suponen que deberían estar construidos el parque y las zonas comunes, solo se encuentra un potrero que debió ser cercado por los mismos residentes, puesto que ya estaba empezando a ser invadido por terceros.

“Así como nos tocó cercar a nosotros mismos el lote que la constructora dice que aún pertenece a la alcaldía, pero que allá figura como propiedad de ConstruMax, y que protegimos de la invasión, también fue necesario que mediante nuestros recursos realizáramos una especie de encerramiento que garantizara nuestra seguridad, ya que si pagamos administración consideramos que tenemos derecho a tener nuestro propio encerramiento”, aseguró el presidente del consejo administrativo.

Si bien el encerramiento gestionado por la comunidad cumple su función de protección, manifiestan que el aspecto que da a la urbanización es preocupante, puesto que fue construido con láminas de zinc, las cuales se han deteriorado y han sido reemplazadas con polisombra y otra clase de materiales que afectan la imagen del conjunto.

Finalmente, el presidente del consejo administrativo resaltó que lo que necesitan como comunidad es poder sentarse a hablar con un representante de la constructora para poder llegar a acuerdos en los que cumplan con lo prometido inicialmente y así mismo los residentes puedan tener claros los deberes y derechos que tienen como dueños de una propiedad horizontal, con miras a evitar futuros inconvenientes que puedan perjudicar aún más a las familias que compraron vivienda en el conjunto residencial.

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