No me equivoqué con lo expresado en mi último artículo al denunciar la paulatina polarización entre los sectores políticos de la oposición y la actual administración del alcalde Martínez Tarquino en el municipio de Soacha.


Las denuncias hechas por el alcalde en el sentido de que él y su secretario de educación Jackson Ignacio Castellanos Anaya, han sido objeto de amenazas de muerte por parte de fuerzas oscuras, que amparadas en el anonimato, están contribuyendo al enrarecimiento del ambiente político en el municipio.

Bajo estas circunstancias es responsabilidad de los organismos de inteligencia de la policía y la fiscalía realizar las investigaciones correspondientes, orientadas a establecer quiénes son los autores intelectuales y materiales de esta infame forma de hacer oposición política.

Del mismo modo los partidos políticos, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición que tienen representación política en el concejo municipal, no solo deben pronunciarse sino que deben condenar y rechazar esta práctica intimidatoria de hacer política.

Si no hay pronunciamiento público alguno por parte de estas fuerzas, su silencio e indiferencia respecto a estos graves hechos, equivaldría de su parte a cohonestar, aprobar, respaldar y estimular tácitamente estos métodos fascistas.

Igual responsabilidad le cabe al recién nombrado personero municipal, Doctor Ariel Pinzón, pues justamente su investidura lo obliga sin demora y sin excusas a iniciar las investigaciones necesarias para establecer responsabilidades disciplinarias y penales, si las circunstancias lo ameritan.

La ciudadanía de Soacha debe, por todos los medios a su alcance y en todos los escenarios posibles, denunciar estos viejos métodos que intentan hacer carrera en el municipio, porque como van las cosas, se terminará haciendo política mediante la práctica sistemática de la eliminación física de los adversarios, permitiendo que nuestro territorio sea convertido en un espacio para el asesinato aleve de quienes piensan distinto.

Soy de la opinión que si el alcalde Martínez Tarquino está involucrado en actos de corrupción, como se ha afirmado desde el principio de su gobierno, e incluso desde cuando ejerció diferentes cargos en el sector público, y sobre todo si hay evidencias suficientes y necesarias de su responsabilidad, se le deben abrir las investigaciones disciplinarias y penales a las que haya lugar de comprobarse algún grado de participación, bien sea por acción u omisión en el desempeño de sus funciones, y en consecuencia se le sentencie y se le condene con todo el rigor de la ley, pero que nadie pretenda ahora venir a hacer justicia por su cuenta propia.

No le hace nada bien a la oposición la manifestación de este tipo de inconformismo de algunos de sus desquiciados seguidores.

He venido siendo un crítico, en ocasiones implacable, de la gestión del alcalde Martínez Tarquino; sin embargo ello no me impide expresarles a juntos funcionarios mi solidaridad y mi rechazo rotundo