La caída de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional puso a correr, desde este mismo jueves, al Gobierno Nacional para sacar una nueva reforma antes de finalizar el 2019.

Para el Ejecutivo y el Congreso, el cierre de año se verá marcado por una nueva discusión en materia tributaria, teniendo en cuenta que el alto tribunal le dio una gabela de dos meses y medio para aprobar una nueva ley (sea la misma u otra diferente), de tal modo que comience a regir desde el 1.° de enero del 2020.

En el caso que esto no se logre y al finalizar el año no se hubiese promulgado otra iniciativa, desde el 1.° de enero del 2020 regirían las normas previas, es decir, el Estatuto Tributario que existía desde la reforma del 2016.

Las peticiones por parte de funcionarios y gremios al alto tribunal para que mantuviera viva la reforma tributaria, que entró en vigencia en enero de este año, fueron infructuosas, no por la inconstitucionalidad, sino porque tuvo vicios de trámite durante su paso por el Congreso.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, “la Sala Plena concluyó que asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes, y no cumplió con la publicidad necesaria”.

Y agregó que los representantes a la Cámara aprobaron casi a ciegas el proyecto del Senado, sin conocer previamente lo que allí había sido incluido, eludiendo además el mecanismo de conciliación. “Este tribunal, consideró que, debido a todo lo anterior, se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley no se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”, concluyó.

Así las cosas, tributos como el de patrimonio, el impuesto al consumo de 2% a inmuebles de más de $918 millones, el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas y la sobretasa al sector financiero, entre otros, quedarían sin piso jurídico a partir del 1.° de enero del 2020, cuando ‘entre en vigencia este fallo’.

Y es que si bien se declaró inexequible la ley, el alto tribunal le dio hasta el 31 de diciembre de este año al Gobierno y al Congreso para que expida una nueva reforma, que puede ser la misma que tumbaron los magistrados o una diferente –que incluya modificaciones–, con el fin de que el país no quede en un limbo jurídico en el frente tributario.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró: “Estoy absolutamente seguro de que vamos a encontrar la manera de volver a la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, porque es un serio golpe a la credibilidad de la política económica esta decisión. Me parece que vamos a tener que leer la sentencia con cuidado, con respeto y también con voluntad de arreglar los posibles problemas que nos haya creado. Es muy infortunado que esto haya sucedido (…)”.

En tanto, el senador Álvaro Uribe indicó que la decisión del alto tribunal permite darle tranquilidad a los inversionistas, debido a que “la Corte ha dicho que la reforma que se declara inexequible rige hasta el 1.° de enero próximo y eso quiere decir que lo que se ha hecho este año en materia comercial e inversión, se podrá declarar el año entrante, ya que se va a regir por esa ley inexequible. Sin embargo, hacia adelante confiamos en que se pueda tramitar una norma en la misma dirección, con estímulo a la inversión y eso les daría tranquilidad total a los inversionistas”.

Fuente: Portafolio