Contrato de Mesa de Víctimas crea dudas en Soacha

Posted on 24 de mayo de 2017 by Periodismo Público

El convenio realizado entre la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha y una entidad de Mariquita (Tolima), tiene como objetivo el trabajo o apoyo mancomunado con el municipio para mejorar y garantizar el funcionamiento de la Mesa de Participación de Víctimas. Sin embargo ha despertado ciertos cuestionamientos, tras algunos procesos y características que se califican como irregulares.

El convenio 693 de 2017, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la ONG Asociación Liderazgo Juvenil Participativo de San Sebastián de Mariquita, cuenta con el objetivo de «Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y administrativos para garantizar la operatividad de la Mesa de Participación de Víctimas, para el goce efectivo de derechos».

Dicho convenio ha sido cuestionado por algunas personas, inicialmente por su aparente inexistencia en el SECOP porque el contrato no se encontró en el portal, aspecto que pone en duda la legalidad del proceso. Otro detalle que suscita dudas es el hecho que la dirección estipulada en el contrato para la Mesa de Participación de Víctimas es la Cra 8 N° 16-19 de Soacha, pero en ésta actualmente se encuentra ubicada una agencia de seguros.

Además de esto y según parámetros constitucionales, la Auditoria General de la Nación y el decreto 777 de 1992, manifiesta : “Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política que celebre la nación, los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades”, afirmando que entre los entes que realizan el convenio debe existir un rango de idoneidad.

Periodismo Público estableció contacto con una de las personas denunciantes, quien manifestó: “A la luz de lo que se observa, la Asociación Liderazgo Juvenil Participativo aparentemente no cuenta con la experiencia para ejecutar esta labor, porque su experiencia ha sido en San Sebastián de Mariquita, no acá en el territorio. Además toda su experiencia suma apenas da 60 millones aproximadamente, es decir tampoco cumple con la capacidad administrativa requerida para ese tema. ¿Por qué no se envió esto a un proceso de contratación abierto, donde distintas ONG del municipio que tratan el tema de victimas pudiesen participar?”.

En el actual convenio se estipula que la entidad prestante posee como experiencia, en primer lugar, aunar esfuerzos con la ONG Asociación juvenil Participativo; en segundo lugar formación y capacitaciones ciudadanas para el adulto mayor de San Sebastián de Mariquita; aunar esfuerzos para el apoyo económico en la celebración del niño y la niña, y finalmente, brindar apoyo económico a la ejecución del proyecto Rederechos Red Juvenil de promotores de derechos humanos para el fortalecimiento de líderes generadores de paz.

Respecto a la las dudas planteadas, el secretario de desarrollo, Fidel Torres, manifestó: “Tengo conocimiento que mostró experiencia en manejo de víctimas por la contratación anterior que tuvo la entidad en otros municipios. En particular el contrato que yo firmé con ellos me muestra una contratación importante, aparte que ya estuvo con el municipio el año pasado operando la Mesa de Víctimas, también tiene otras experiencias adicionales como haber operado un programa de víctimas en el municipio de Natagaima, entre otros sitios donde ha operado acciones con esta población”.

El secretario añade que no se han manifestado molestias por el servicio que presta el operador de la Mesa de Víctimas, al punto que la supervisora del convenio no ha comentado ninguna queja de la ONG con la cual se estableció el contrato, calificando el ejercicio como una buena ejecución. Manifestó que establecerá contacto con los entes jurídicos municipales, quienes están a cargo de adjuntar el contrato en el portal nacional SECOP, ya que este procedimiento no le corresponde directamente a la Secretaría de Desarrollo Social.

Actualmente la Mesa de Víctimas no se encuentra en la dirección estipulada, lo cual y según Torres, ha sido una decisión tomada desde la misma Secretaría: “El año pasado había un sitio donde operaba la Mesa de Víctimas, yo decidí no invertir más recursos en arriendos, ya que se tiene el Centro regional de víctimas en San Mateo, entonces la Mesa de Víctimas está operando allá”.

Finalmente, el secretario de desarrollo social establece que el contrato no carece de idoneidad, considerando que las labores estipuladas en el en convenio se han realizado correctamente.