Crece polémica sobre los impuestos a empresas mineras

Posted on 27 de mayo de 2013 by Periodismo Público

Mientras el sector señala que hay poco margen de maniobra, la Contraloría está preocupada por el nivel de recursos para combatir la minería ilegal, que genera graves efectos económicos y sociales.

El reciente estudio contratado por la Contraloría General de la República, titulado “Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista”, ha incrementado el debate sobre si la carga tributaria efectiva que paga el sector minero es la adecuada, y si un aumento en la misma puede terminar espantando a los inversionistas.

Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran Escala (Sgme) recalca que se debe hacer un análisis técnico de una base tarifaria que tenga en cuenta aspectos como el ciclo de precios de los metales y minerales y su volatilidad, que hasta el 2011 estuvieron históricamente altos, pero cuyas cotizaciones evidencian que obedecen a un patrón cíclico y que es difícil pensar que seguirán subiendo indefinidamente.

“Por lo anterior, no es responsable tomar una decisión que afecta directamente la estructura de costos de las empresas, como la de la carga tributaria, en una coyuntura determinada”, indicó Jiménez.

Agrega que el negocio minero es de largo plazo, toda vez que las inversiones de los últimos tres o cuatro años fueron decididas hace 10 años.

Y si bien el Centro de Estudios del Cobre de Chile (Cesco), estima una inversión cercana a los 250.000 millones de dólares al 2020 en América Latina (equivalente al 26 por ciento de la inversión mundial en el sector), Jiménez advierte que Colombia no es un país minero ni tiene un boom, sino que apenas vive una expectativa de crecimiento del sector.

LAS CONTRIBUCIONES

Entre el 2000 y el 2010 la contribución fiscal del sector minero superó los 23 billones de pesos, de los cuales 9,3 billones correspondieron a impuesto de renta. En giros por regalías el pago llegó a 11,3 billones de pesos, entre el 2000 y el 2012.

Las cuentas del sector en materia de pago de impuesto de renta para el 2010 coinciden con las del estudio contratado por la Contraloría, en 900.000 millones de pesos.

Jiménez señala que el régimen tributario óptimo debe lograr un equilibrio en la participación del Estado en la renta minera, sin desestimular la inversión. La directiva gremial considera que hay que enfocarse en incrementar el número de compañías mineras que pagan impuestos, “sin estrangular a las que lo hacen correctamente”.

PREOCUPA FALTA DE PRESUPUESTO PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD

En los últimos tres años, el Gobierno sólo ha destinado $ 2.800 millones para combatir la minería ilegal.

La contralora Delegada para Minas, Ana María Silva, reveló que representantes de tres mineras grandes y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) ya contactaron al ente de control para discutir los temas del documento del consultor Luis Jorge Garay.

Según la funcionaria, la entidad está mirando que en las políticas del Gobierno exista un equilibrio y que no se descuide el medio ambiente, asunto que es su mayor preocupación, no solo por la de gran escala, sino por la pequeña minería y la extracción ilícita de minerales.

“Esa locomotora no debe desconocer los impactos ambientales que se puedan generar y que los beneficios que se están generando tengan una verdadera compensación frente al daño ecológico”, indicó.

Sin embargo, el tema que más le preocupa a la Contraloría es la minería ilegal, porque en los últimos tres años el Gobierno sólo ha destinado 2.800 millones de pesos para combatirla, cifra irrisoria frente a los impactos ambientales, sociales y económicos.

“Hay un problema de Estado bien complicado y los actores no se han sentado a ver qué van a hacer para combatirlo, o por lo menos para que las operaciones tengan algún resultado positivo”, señaló.

Fuente: Portafolio.com