Cuando la corrupción se impone

Todos en Soacha saben perfectamente que Juan Carlos Nemocón Mojica es el Alcalde Municipal. Que Henry Sosa Molina es el Personero y que María Evelia Cubillos González es la Contralora Municipal, pero seguramente ignoran que Pedro Antonio Ortiz Malagón es el esposo de la Contralora, ya citada y socio de la empresa denominada Master Gros Sas, y que este último el 17 de septiembre del año anterior celebró el contrato 724 por la suma de $6.750.000.oo, con plazo de dos días, para llevar a cabo el “Seminario Nacional de Actualización en Presupuesto Público y Contratista Estatal”, para que funcionarios de la Alcaldía participaran en tal seminario, según propuesta dirigida al señor Alcalde señor Nemocón.


También existe una orden de pago firmada por el Personero Municipal Henry Sosa Molina en favor de la empresa referida anteriormente, por la suma de $634.850 para que un funcionario de esa dependencia, el Secretario Guillermo González Latorre, fuera inscrito en el “Seminario Nacional de actualización en Presupuesto Público y Contratación Estatal, efectuado los días 18 y 19 del mes de septiembre de 2.014 como plan de capacitación y como conferencista don Pedro Antonio Ortiz Malagón, esposo de la señora María Evelia Cubillos González, actual Contralora Municipal de Soacha.

A última hora se dijo que el señor Personero retiró la orden dada al esposo de la Contralora Municipal para dictar el curso a su empleado, seguramente porque recordó que sus funciones están convenientemente ampliadas para velar por el cumplimiento del orden jurídico positivo en el Municipio y por la conservación de los bienes municipales y vigilar la conducta oficial de los empleados y trabajadores de Soacha.

Hay, igualmente, contratos de prestación de servicios a la Contraloría Municipal de Soacha como el 035 del 28 de noviembre por valor de $5.000.000.oo con plazo de ejecución de 20 días y suscrito por Emilia Amalia Rodríguez Bernal, “para supervisión (Dtto 1510/2013) y socialización del mismo ante los funcionarios de la CMS, siendo la contratista la representante legal de la empresa Master Grop Sas y socia del señor Pedro Antonio Ortiz Malagón, quien tiene sociedad conyugal con la Contralora Municipal de Soacha, señora María Evelia Cubillos González.

Igualmente aparecen también en el contrato ya referido y por $3’000.000.oo con un día de plazo para su ejecución, la prestación de servicios profesionales para capacitación en contratación, Decreto 1510 de 2.013, dirigido a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Soacha y puntos de control de la Administración, incluida la logística del evento, siendo contratista la Contralora Municipal de Soacha María Evelia Cubillos González, esposa del señor Pedro Antonio Ortiz Malagón, socia de Emilia Amalia Rodríguez Bernal.

Es cierto que la capacitación de los servidores públicos tiene carácter perentorio y puede ser organizada directamente por el municipio o contratada con entidades idóneas, pero esto no da lugar que para tal fin se contrate, como en el presente caso, al esposo de la Contralora Municipal.

Además, la responsabilidad para el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes, será de las respectivas autoridades municipales en lo que corresponde a su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abusos de poder y se ejercerán, únicamente, para los fines previstos en la Ley y las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a indemnizar los daños causados y a repetir contra los funcionarios responsables de los mismos.

Dice también que las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos municipales, se regirán por la Constitución y la ley, asegurando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación. Lo contrario ocurre, cuando la corrupción se impone.

Se dijo, por la prensa local, que el alcalde municipal, señor Nemocón, hace unos días y atraído por el modelo de seguridad que se aplica en el Municipio, la multinacional Huawei lo invitó a la China con gastos y viáticos asumidos por la empresa de ese país, y eso está bien porque así lo acepta la legislación colombiana. Lo que está mal es que el señor Alcalde no puede dar conferencias de seguridad, si de eso se trataba, porque sabemos ampliamente lo que pasa en Soacha sobre esta materia y los incontables delitos que se ven diariamente en nuestra tierra, sin que se haga mucho para acabar con semejante lacra. Es que no se puede enseñar lo que se ignora.

De otra parte, señor Nemocón, nos puede explicar qué es eso de las presiones en la Secretaría de Educación en relación con las nuevas obras? Qué relaciones existen en esas dependencias o en la Alcaldía con José Benavides? Qué relación con la administración de Soacha tiene Iván Alirio Ramírez Rusinque y qué cargo desempeñó en la Alcaldía? Cómo es aquello de las adjudicaciones que pretende la Secretaría de Educación y que se le han vuelto problemas de orden público? Dónde nace el problema?

Todas estas situaciones alarman y se conocen por toda la geografía colombiana y hasta este humilde servidor hijo de Soacha, que se encuentra a más de diez mil kilómetros, le llegan los hedores de la corrupción que desgraciadamente parece imperar por esa tierra. Afortunadamente ya se inició la investigación ante las autoridades que corresponde y ojalá no se pierdan o a última hora se encuentre una nulidad de orden constitucional o procedimental y dé al traste con el proceso, para felicidad de los de siempre.

joseignaciogalarza@yahoo.es

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