Cuestionada ley de titulación de tierras baldías

Posted on 9 de octubre de 2014 by Periodismo Público

Una nueva ley de titulación de tierras baldías desdibuja la naturaleza y la destinación de esas tierras. La agroindustria y los negocios de algunas poderosas familias colombianas están detrás de la nueva reglamentación.

Una nueva denuncia sobre adquisición ilegal de baldíos vuelve a involucrar poderosas familias ligadas al gobierno de Juan Manuel Santos. Esta vez se trata de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del multimillonario banquero y dueño de El Tiempo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien en el departamento de Vichada habría adquirido 3.800 hectáreas calificadas como baldíos, tierras exclusivas para campesinos. Así lo denunció el ex representante a la Cámara Wilson Arias, al tiempo que el gobierno anuncia la presentación de un proyecto de ley que desnaturalizara la concepción de las tierras baldías y abre al latifundio la altillanura colombiana.

A finales de agosto del pasado año en el Congreso de la República se denunció cómo una empresa de abogados Brigard & Urrutia, de propiedad del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Carlos Urrutia, asesoró la compra ilegal de baldíos a importantes empresarios del sector financiero, industrial y comercial del país. Dicho escándalo le costó la salida a Urrutia del cargo y la iniciación de procesos de investigación para establecer la responsabilidad de los actos ilegales.

Un año después, las exhaustivas investigaciones anunciadas desde el Ministerio de Agricultura no han encontrado responsable y, por el contrario, desde el Ejecutivo ahora se pretende recomponer las cargas y amparar con una solución jurídica a los empresarios involucrados en dicha compra ilegal.

Los nuevos desarrollos

Mediante un proyecto en el congreso, el gobierno pretende modificar la ley 160 de 1994, y a su vez, crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), que no es otra cosa que cambiar la naturaleza de los bienes baldíos y su destinación que dejaría de ser para campesinos sin tierra y se convertirían en proyectos de gran producción agrícola.

La razón que justifica el proyecto es la considerable inversión para habilitar los suelos y generar una dinámica económica en regiones periféricas del país. Según el gobierno tales zonas baldías “demandan elevados costos de adaptación productiva, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”, y por ello la única solución es su entrega a empresarios.

La nueva figura

Zidre es una política impuesta por los organismos multilaterales orientada a que el gobierno facilite al gran capital la explotación estratégica de la tierra. Un paradigma en el modelo tradicional el modelo Carimagua. En eso no escatima esfuerzos el gobierno Santos y por ello es el propio ministro Iragorri, jefe de la cartera de Agricultura, y quien está salpicado por el escándalo de baldíos, el encargado de sacar adelante los cuatro debates de la iniciativa.

Justamente el pasado 18 de julio, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que parecía frenar la ilegalidad de los adquirientes de baldíos, ratificando la exclusividad de los mismos al campesinado. Pero hoy el gobierno piensa de otra manera. “¿Cuál es el sentido de una iniciativa de ley de baldíos si hace unos meses se conoció la ley 1728 por medio de la cual se reglamentaba la adquisición de baldíos para campesinos? ¿A qué le está jugando el gobierno? ¿De qué fondo de tierras se puede hablar cuando hay una iniciativa legislativa como esta que interrumpe el acuerdo sobre reforma agraria integral de La Habana?”, dijo el analista político Camilo González Poso.

A lo que se refiere González Poso es al borrador de acuerdo publicado días pasados desde la mesa de diálogo y que trata de los principales acuerdos a los que llegaron las delegaciones de paz. Allí el Estado y la insurgencia determinaron que los baldíos hacen parte del fondo de tierras que será creado con el objeto de la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad. Pero también se obliga el gobierno a adecuar un plan de formalización masiva en el marco constitucional y legal. Aun cuando la iniciativa de baldíos en curso es contraria al espíritu y a la aplicación de los acuerdos. Un hecho que despierta desconfianza entre muchos sectores del país.

Campesinado en alerta

Esa misma desconfianza también está inmersa en dirigentes campesinos que se encuentran ad portas de iniciar la negociación del pliego único de peticiones de las organizaciones campesinas. César Jerez, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), cuestionó la iniciativa del gobierno sobre los baldíos y la señaló como un golpe a la economía familiar agraria y un premio a la castas políticas que han sido las generadoras del conflicto con una apropiación violenta de la tierra:

“Esa iniciativa significa regular la apropiación ilegal que se ha hecho en todo el país y que involucra a las tradicionales familias del poder y de los centros financieros. No se puede permitir una ley para el narcolatifundista y los especuladores del gran capital. Pero hay otra dificultad de esa iniciativa: el ataque a la UAF en la Orinoquia que resulta el único mecanismo o antídoto contra el latifundio. Esa es una de las tareas fundamentales, en materia de acceso a la tierra, que debe reclamar ante el gobierno nacional la Cumbre Agraria”, explicó en medio de la instalación de la mesa de negociación entre la Cumbre y el gobierno.

Y es que los palos de ciego desde el gobierno son inexplicables, pues anuncia acuerdos parciales en el proceso de paz pero al tiempo acelera la presentación al Congreso de una contrarreforma agraria, entregándoles a los empresarios tierras de campesinos. Y por si fuera poco siguen los vetos desde los ministerios de Defensa y Agricultura a los proyectos de desarrollo agrario dispuestos en las Zonas de Reserva Campesina.

Por eso la asociación que agrupa los 54 procesos campesinos manifestó en su último encuentro que, frente al deliberado freno que el gobierno nacional impone al cumplimiento de su obligación legal de promover las Zonas de Reserva Campesina, no tienen alternativa sino la de seguir demostrando con hechos y con argumentos que tienen la razón. Y dicen: no se detendrán por las intimidaciones expresas o veladas, así como tampoco las argucias disfrazadas de vacías evaluaciones hechas por Incoder para impedir lo que la ley 160 determina.

En pleno inicio de negociaciones del pliego con los campesinos, el gobierno nacional se equivoca, de cabo a rabo, allanándole a empresarios el camino para adquirir extensos territorios para desarrollar sus proyectos macroagropecuarios por encima de la ley y de los campesinos, mientras que estos últimos siguen esperando un desarrollo rural que impacte en su bienestar.

Fuente: prensarural.org