Decisión de Consejo de Estado amenaza con dejar sin vivienda a decenas de familias

Posted on 9 de marzo de 2011 by Periodismo Público

Un fallo judicial emitido por el Consejo de Estado el 15 de octubre de 2009, tiene en vilo a decenas de familias residentes en esta urbanización de la comuna uno, pues de acuerdo a lo estipulado allí, las personas tendrían que abandonar el lugar para luego ser reubicadas debido a que las viviendas fueron construidas cerca de la ronda del Río Bogotá.

El proceso se dio como resultado de una demanda interpuesta el 24 de junio de 2002 por Rodolfo Gutiérrez Rico y Jesús Hernán Villalobos, quienes en calidad de vecinos del barrio alegaron el derecho a un ambiente sano y el equilibrio del mismo.

“Nos enteramos del fallo en el 2009 cuando apenas se emitió, pero antes nosotros no teníamos conocimiento alguno de la demanda, según la cual estamos ubicados en la ‘ronda técnica’ del Río Bogotá, pero el problema aquí es que cuando compramos las casas en el año 1995, jamás nos dijeron que existía esa dificultad y por lo tanto no tuvimos inconveniente alguno para venir a vivir acá”, explicó Rosendo Quintero, uno de los habitantes de las viviendas ubicada sobre la ronda del afluente.

“No estamos de acuerdo con ese fallo y por supuesto tampoco queremos la reubicación, nosotros somos personas que vivimos bien aquí y si nos comparamos con otras personas que están en alto riesgo y con más necesidades, no habría por qué hacer tal reubicación. Las casas ni se están hundiendo, ni tienen grietas, están en perfecto estado”, agregó Maribel Ariza.

Antecedentes de la problemática

Respecto al fallo del Consejo de Estado, vale la pena recordar que Quintas de Santa Ana es una urbanización que nació en el año 1995 como fruto de un proyecto de vivienda emprendido por el Banco Granahorrar. Anteriormente, en el año 1993, tanto Planeación Nacional como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dieron el aval para ejecutar la construcción de las casas, teniendo en cuenta que para ese entonces no existía una norma que marcara los límites de la ronda del río para construir edificaciones. En ese sentido, el proyecto de vivienda se desarrolló sin inconveniente alguno y posteriormente las familias empezaron a habitar el lugar, ignorando completamente lo que vendría después.

Para el año 2000, cuando en Soacha se elaboró el documento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se estableció que el límite de la ronda del Río Bogotá quedaría sobre los 300 metros (30 para la ronda como tal y 270 para el perímetro de conservación del ecosistema); precisamente la distancia que existe entre el cauce y las viviendas ubicadas entre la Cll. 1 y la Cr. 27 del sector. Este dictamen se vio soportado con el Acuerdo No. 17 de la CAR.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Estado basó su decisión en lo dispuesto en ambas normativas, pero lo que no tuvo en cuenta (y lo que alegan los vecinos) es que para el momento en que se dispuso esa medida, las casas ya estaban en pie, lo que significaría un serio perjuicio para sus habitantes por un eventual desalojo y posterior demolición para dar cumplimiento al fallo (que aún no está reglamentado).

Sobre una posible reubicación

“Nosotros empezamos a hacer unas reuniones para ver cómo era que se planteaba esa reubicación, pero entonces encontramos un inconveniente que hay que tener muy en cuenta, quienes llevamos 16 años con la casa, la terminamos de pagar y ya somos propietarios, hemos invertido casi 60 millones de pesos en nuestras propiedades, por lo que pagar una reubicación y sacar una casa de interés social (que es lo que nos van a dar) no se justifica porque salimos perdiendo, dado que esas construcciones máximo valen 40 millones y entonces, ¿qué pasará con los otros 20? Los propietarios seríamos los únicos que nos veríamos perjudicados con la reubicación, por eso no la queremos, pero nadie lo entiende”, indicó Emelson Coronado.

“No queremos la reubicación porque lo que nos van a dar es mucho menos de lo que tenemos ahora, y algo como lo nuestro no lo volveremos a conseguir. Muchos de los que están de acuerdo con la reubicación tienen problemas con el banco o son arrendatarios, razón por la cual dan su visto bueno, pero nosotros nos mantenemos firmes”, señaló Quintero.

Habla la Administración Municipal

La Alcaldía de Soacha, por intermedio de la Secretaría de Planeación, representada en este caso por Orlando Ramírez, se refirió a los alcances del fallo, que fue emitido en segunda instancia y no ha sido ejecutoriado, lo que quiere decir que no existe una orden concreta para hacer desalojar a las familias y demoler las viviendas.

“Actualmente hemos solicitado una revisión al fallo y dependiendo de lo que se decida en esta, procederemos a definir si reubicamos o no a las familias. Es de destacar que la norma actual está incluida en el POT y que el mismo se encuentra en un proceso de ajustes donde esperamos disminuir el límite de la ronda a unos 100 o 200 metros para menguar esta dificultad que afrontan en Quintas de Santa Ana. Con el Dr. Luis Felipe Canosa, Asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, estamos pendientes de todo lo que resulte de este proceso para dar una solución al inconveniente que se ha causado”, destacó Ramírez.