Defensor del pueblo adelantó jornada de atención a víctimas en Cazucá

En la comuna cuatro del municipio de Soacha se llevó a cabo una jornada especial destinada a escuchar a las víctimas de la violencia radicadas en este sector del municipio. La actividad concluyó con la invitación de generar transformación estatal para asistir, reparar y propiciar un cambio en la vida de esta población.


A la jornada realizada en la Casa de los DDHH, ubicada en el barrio la Isla, asistieron cincuenta habitantes de la comuna cuatro, en su mayoría mujeres, víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. La actividad contó con el acompañamiento del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez; el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Todd Howland; la representante de Acnur, Terry Morel; el director de Usaid, Peter Natiello y el personero municipal.

La comitiva, encabezada por el Defensor del Pueblo, escuchó atentamente la voz de la comunidad, quien recalcó que existen muchas dificultades para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas, y falta de respuesta de entidades estatales; advirtieron también que luego de haber sido víctimas en diferentes regiones del país, de donde se vieron obligados a huir por la persecución de grupos armados ilegales, ahora su verdugo es la delincuencia común y padecen los problemas de la falta de acceso a salud, educación, servicios públicos, falta de oportunidades laborales, entre otras problemáticas.

“Estamos escuchando a nivel nacional todos los reparos que las víctimas tienen con respecto a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que a pesar de ser una excelente iniciativa, requiere ser mejorada en su aplicación. Posteriormente, vamos a transmitirle al Gobierno Nacional las inquietudes de estos ciudadanos. Es urgente generar una dinámica para que los ciudadanos tengan una respuesta oportuna, sea positiva o negativa, pero que el ciudadano sepa si va a recibir el reconocimiento y las bondades que ofrece la Ley. Falta pedagogía, ya que muchos ciudadanos la desconocen o no reciben la suficiente orientación”, afirmó Jorge Otálora Gómez, Defensor del Pueblo.

Durante el encuentro, la Defensoría manifestó no tener suficientes recursos económicos para atender a la población víctima, incluso, el estado no le asignó los recursos necesarios para la contratación de 1.300 defensores públicos, quienes representarían a las víctimas. Por esa razón, el Defensor informó que se viene haciendo un llamado al Congreso, a través de un proyecto de Ley que permita reestructurar la entidad, mejorarla y fortalecerla, de cara a los grandes retos que en materia de DDHH enfrenta el país.

“Debemos entender que la Ley de Víctimas tiene dos componentes: primero, la asistencia a las víctimas, y segundo, transformar la vida de las víctimas. Pero cuando estamos hablando de transformación, no solo tiene que ver con la Unidad de las Víctimas, sino con todo el Estado. Este tiene que cambiar para garantizar el derecho a la salud, educación, trabajo y a una vida digna”, puntualizó Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para la DDHH.

Terry Morel, aseguró que lo manifestado por las víctimas de Altos de Cazucá sigue generando preocupación en materia de desplazamiento, pues los últimos datos oficiales sumaban 143.000 víctimas a 2011 y todo indica que la cifra va en aumento, principalmente en comunidades aisladas de la Costa Pacífica, la frontera con Ecuador, Norte de Santander y Antioquia.

Por último, Alba Luz Tavares, una de las asistentes al encuentro afirmó que: “El Defensor y todos los señores hablaron muy bonito, pero cuando les preguntamos concretamente que si nos iban o no a colaborar a las víctimas del sector, nos explicaron que estaban en esas, pues no había dinero suficiente para ayudarnos. Sin embargo el Defensor dijo que trataría de poner un abogado y a un psicólogo para que nos atendiera permanentemente en la Casa de las Naciones Unidas. Esperar a ver si es cierto”.

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