En enero de 2017, el lote  donde actualmente funciona la escombrera municipal fue vendido sin el permiso de su propietario Carlos Arturo Salazar.  Él y su familia se enteraron dos meses después del hecho y de inmediato pusieron un denuncio penal por fraude procesal  y falsedad en documento público. Hoy la fiscal que lleva el caso dice que la notaría donde se tramitó  la escritura no ha enviado la respectiva copia, y el caso está estancado.

Según el certificado de libertad del predio, la anotación del trámite de venta se hizo el 26 de enero de 2017 cuando supuestamente el propietario del terreno de 17 mil metros cuadrados, Carlos Arturo Salazar, le vendió el lote a Angie Milady Palomino Aroca bajo la escritura No. 2931 del 27 de octubre de 2016, realizada en  la Notaría 14 de Bogotá.

Pero lo curioso del caso es que  se pidió copia de la escritura 2931 a la Notaría 14 y ninguno de los datos coincide con los anotados en el certificado de libertad. Por ejemplo, la fecha de este  documento es 28 de diciembre de 2016, además la vendedora en este caso es Teresa Franco Botero y como compradores  aparecen John Freddy Patiño y Paula Patiño Franco, de un lote de 201 metros cuadrados ubicado en la urbanización Santa Matilde de Bogotá, y no en Altos de la Florida Soacha donde realmente se encuentra  el terreno.

Martha Salazar es la única hija del dueño del lote, Carlos Arturo Salazar.  Ella cuenta que tan pronto se enteraron del fraude, empezaron a indagar para conocer qué fue lo que pasó y en mayo de 2017 se radicó la denuncia en la Fiscalía, en cabeza de su padre que aún se encontraba con vida.

 “Cuando nos enteramos que el lote No. 5 del predio El Esparto aparecía con otro dueño, inmediatamente mi papá puso la demanda en la Fiscalía porque llegaron a nuestras manos unas escrituras que él no había firmado donde se hacía  una venta que no hizo,  entonces se colocó el denuncio penal  por falsedad en documento público”, dijo Martha. 

Uno de los aspectos que llama la atención es que a partir de la primera venta aparentemente irregular  y con fecha  en el certificado de libertad del 26 de enero de 2017, se produjeron otras dos en menos de 20 días, y de ahí, el 15 de febrero del mismo año, se hizo la última anotación donde aparece el actual propietario.

Pero al posible robo del lote le surgió otro problema. Su dueño, Carlos Arturo Salazar, murió hace 8 meses y ahora la que tiene que enfrentar esta difícil situación es su única heredera, Martha Salazar.  Ella cuenta que el trámite para recuperar el terreno  no ha sido fácil, ya que la fiscal que lleva el caso no ha avanzado en los más de dos años que lleva radicada la denuncia.

“Han pasado dos años donde  no hemos logrado avanzar nada. La semana pasada vi  con indignación  que los entes judiciales de nuestro país se han demorado y dilatado mucho esta investigación, sabiendo que es una propiedad que le pertenece a mi familia desde  hace muchos años. Tengo entendido que detrás de todo esto -no me consta- está la banda de los Tierreros, que ellos han estado vendiendo tierras allá en ese sector utilizando el buen nombre de las personas que en su momento eran dueñas”, replicó Martha.

Un aspecto que no se entiende es que, según la fiscal 4, el pasado 2 de abril la misma Fiscalía le solicitó al notario 14 de Bogotá las copias de la escritura y otros documentos  porque fue allá donde supuestamente se hizo el fraude, pero es la hora que esas pruebas no llegan, hecho que sirve como escudo para seguir dilatando el proceso.

Periodismo Público  acudió a la nueva sede de la Fiscalía ubicada en la calle 13 con cra 5 para hablar con la fiscal cuarta seccional Soacha y averiguar por el expediente 2017-3989, pero se le negó al medio toda la información y explicación del caso.

 Por ahora, la parte interesada radicó  en Planeación municipal y en  la CAR un derecho de petición solicitando respuesta del  porqué ellos expidieron la resolución de aprobación y los permisos para el funcionamiento de la escombrera, cuando el predio al parecer se vendió irregularmente en enero de 2017, aclarando que el actual propietario lo adquirió después del aparente hecho irregular.

Periodismo Público acudió a la CAR para obtener la explicación del caso y argumentaron que la respuesta al derecho de petición está en trámite.

 Finalmente, lo que se espera es que la justicia destrabe el proceso y actúe en derecho porque no es posible que el 9 de mayo de 2017 se haya radicado una denuncia y a la fecha no se tenga respuesta de la misma.