La falta de voluntad política, el uso inadecuado del Plan de Ordenamiento Territorial y la ausencia de una política clara para el cobro de los impuestos, son los tres factores que según el Consejero municipal de Planeación, Luis Miguel Rodríguez, ocasionan un atraso de más de 50 años en la ejecución de los planes de Desarrollo en Soacha.


Con escepticismo, este líder que lleva más de 40 años inmerso en el tema territorial, considera que las administraciones municipales que han gobernado a Soacha nunca han tenido una verdadera voluntad política para poner en práctica los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y así garantizar un mejor desarrollo urbanístico a los habitantes del Soacha, por eso considera que el POT se consulta para algunas situaciones pero para otras no.

“Básicamente el plan de ordenamiento es un documento de consulta para que los alcaldes, independientemente del que se encuentre desempeñando su cargo por elección popular, tengan una herramienta para direccionar el territorio a unas fases de desarrollo a mediano, corto y largo plazo, y de ahí saque unos elementos que le sirvan como ayuda para poder articular su plan de desarrollo, de acuerdo a la propuesta de su campaña y plan de gobierno, de tal manera que sea concordante con las políticas departamentales, nacionales y obviamente con las políticas municipales”, señaló el consejero.

De igual modo, indicó que al no hacer una exhaustiva consulta del POT, las consecuencias directas las asumen los ciudadanos que realizan sus actividades económicas dentro del municipio, ya que la situación político administrativa así lo determina, afectando las propiedades, las industrias y las actividades económicas de estas personas. Además, el hecho de no tener en cuenta la certificación en la autonomía territorial permite que personas o dirigentes foráneos vengan con el beneplácito de la administración municipal e impongan condiciones a su favor, tal y como sucede por ejemplo con la expansión urbanística que ha sufrido Soacha durante los últimos años.

“Otro de los puntos que adolece el plan de ordenamiento y el acuerdo 46 es que no tiene reglamentación, entonces aquí cualquier ciudadano viene y hace lo que le convenga de acuerdo a sus convicciones y no pasa nada porque no hay autoridad que haga cumplir las normas establecidas. Por eso cuando decimos que no hay autoridad territorial no es porque no haya alcalde o porque no existan concejales o secretarías, lo que pasa es que no son operativas ni son funcionales porque el mismo municipio no se ajusta a las políticas nacionales cuando se les da unas herramientas para que hagan la reestructuración y mejoramiento de su parte operativa y administrativa”, aseguró Rodríguez.

En relación a la reinversión del pago de impuestos, el consejero señaló que así hayan personas de buena fe que acudan juiciosamente a cumplir sus obligaciones tributarias, estas contribuciones retroactivas no se ven reflejadas en obras de orden público que beneficien directamente a la comunidad de la manera adecuada, de ahí que se presente un atraso de más de cincuenta años con relación a ciudades como Medellín o Cali, donde sus planes de desarrollo comenzaron a ejecutarse tardíamente.

Así mismo, afirmó que a las dos curadurías urbanas con las que cuenta el municipio les falta trabajar articuladamente y entender la evolución urbanística desordenada que ha tenido Soacha a lo largo de su historia, de tal manera que no se le puede exigir por ejemplo “a un habitante del municipio que tiene su predio desde 1950 que se ajuste a la ley 564 porque no es posible, ya que las casas se construyeron en ese entonces con base a la ley 137 del año 1959 que era la que establecía la norma urbanística”, es así como los curadores no tiene en cuenta estos aspectos y la población al no tener conocimiento de las normas actuales queda inmersa en un laberinto sin orientación alguna.

“Este tema no se puede superar hasta que la dirigencia política entienda que el municipio tiene una autonomía y no se puede dejar imponer cosas como las 160.000 viviendas por parte del Ministerio que le asigna obligaciones y deja la responsabilidad para que el ente municipal con los pocos recursos que ingresan, solvente todos los servicios básicos, los problemas de educación, de seguridad e infraestructura. El tema vial en Soacha no existe, no hay un plan de ordenamiento vial ni ambiental y tampoco hay un levantamiento socioeconómico. Al paso que va el municipio va a tocar declarar la emergencia económica y entregárselo al Gobierno en quiebra, en este momento no hay respuesta ni chica ni grande ni esperanzadora para el 2020”, concluyó Rodríguez.