Donantes de campañas políticas recibieron $169.000 millones en contratos

Posted on 12 de noviembre de 2018 by Periodismo Público

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó los resultados de la investigación sobre la relación entre financiación de campañas y contratación pública en las elecciones locales de 2015. Allí se encontró que, en 183 municipios, las administraciones locales entregaron contratos a sus financiadores que se realizaron sin criterio de transparencia y usando modalidades de único proponente.

La organización encontró que se hicieron 534 aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los $4.400 millones ($4.397.497.266), por parte de 485 donantes a candidatos a alcaldías y gobernaciones quienes en contratación recibieron $169.000 millones ($169.466.621.063); cifra que equivale a 39 veces el dinero donado a las campañas.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la MOE “el 65% de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34% restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos.”

De acuerdo con información encontrada por la MOE, “en 183 municipios el financiador del candidato ganador recibió contratos de la administración a la que donó. En estos casos la MOE encontró que 423 financiadores privados donaron cerca de $3.500 millones y recibieron contratos por $15.131 millones. Esto equivale a 42 veces el dinero donado en campaña”.

Para la organización, 57% de los financiadores de campaña, que equivale a 267 de 485 donantes, que recibieron contratos públicos superaron el límite máximo de donaciones de 2%, situación que evidencia que estos no podían contratar con el Estado a menos de que el objeto fuera prestación de servicios profesionales.

Ante esto, Barrios agregó que “estamos ante un panorama en el que cerca de $100.000 millones fueron dados a personas posiblemente inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero lo más grave es que a pesar de esto, no existe en la reforma política ningún tipo de abordaje a este problema”.

La MOE ya entregó todos los análisis y datos encontrados en la pesquisa a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Según la organización el otorgamiento de contratos a quienes financian las campañas no es un delito siempre y cuando se cumplan los topes y criterios definidos por la ley. Sin embargo, se encontró que en el 65% de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente, situación que les llama la atención.

Fuente: Moe