El fraude

“El que escruta elige”, dicen, fue la frase que inmortalizó el cura Camilo Torres Restrepo, entre otras, para significar la imposibilidad en Colombia de llegar al poder por el camino de las urnas y los votos.

Desde esos tiempos en que el “Cura Guerrillero” pronunció la lapidaria frase, hasta hoy, es mucha el agua que corrido por debajo de los puentes y, por supuesto, muchos los anuncios y reformas que ha sufrido el régimen y las instituciones electorales para hacerlas confiables y garantes de la transparencia en el ejercicio del derecho a la participación, mediante el voto, en la configuración y conformación de los poderes públicos, entre formas de la democracia representativa y participativa. Es más, como sucedió con el acuerdo de paz con el M-19, organización guerrillera que se origina en el fraude electoral al General Rojas Pinilla en los años 70, han constituido tema de las discusiones de la agenda y acuerdos para poner fin a la guerra.

En 1991, en los debates y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, como consta en Actas, se incorporaron al ordenamiento jurídico medidas para evitar, en lo posible, el fraude electoral. El voto secreto en cubículos, el Tarjetón electoral, el Tribunal de lo electoral, la posibilidad del uso de mecanismos electrónicos para votar, modalidades seguras de identificación, control del censo electoral, en fin, un menú de acciones para hacer confiable, plenamente, el ejercicio electoral y su posterior escrutinio a cargo de las respectivas autoridades.

Pero a pesar de los avances, no se puede negar, los mecanismos y el sistema electoral colombiano siguen siendo inseguros y la normatividad (Código) añeja, obsoleta. Procedimientos y castigos no han persuadido ni han sido eficaces para contener las múltiples trampas que cometen políticos y colectividades inescrupulosas y autoridades permisivas y, a veces, corruptas. Se declaró la silla vacía para evitar el constreñimiento mafioso y armado y, el fenómeno se recicla en nuevas y sutiles formas de distorsión del ejercicio del voto (parapolíticos condenado no devuelven la plata de la reposición de los votos fraudulentos); los mecanismos de control, por lo que se sabe, no controlan los “votos zombis”, ni el carrusel, ni los jurados homogéneos, ni la manipulación del E14, ni las tarjetas pre marcadas, ni el trasteo, ni los jurados de última hora, la votación con contraseñas falsas, la marcación de tarjetas no marcadas, en fin, triquiñuelas que no encuentran freno efectivo, para no hablar de las desconocidas maniobras de funcionarios de alto turmequé corruptos.

Esto del fraude, que pareciera no tiene solución, en cada debate electoral salta a la palestra (así lo trinó la ex magistrada electoral Adelina Covo en el reciente certamen electoral de Cartagena) y, como lo han denunciado abogados defensores del alcalde Petro, también ha infiltrado otras formas de la participación. Han denunciado los abogados, a propósito de la revocatoria, fraudes en doble vía: por un lado la inducción al error de los promotores llevando firmas fraudulentas y, por otra, la renuencia de la Registraduría en cumplir los mandatos judiciales para auditar firmas e inconsistencias en un proceso sospechosamente plagado de trampas.

Para finalizar, es mi deber recordar, hace unos años atrás, el actual Registrador, siendo magistrado Electoral, promovió la destitución de un Registrador por motivos menores a los que hoy se denuncian. Años después, los jueces dieron la razón al destituido que fue beneficiado con una millonaria indemnización (www.siceditorial.com/ArchivosObras/obrapdf/TA10202332005.pdf) y,aún, se espera que repita contra los responsables, como lo ordena la Constitución. Entretanto, seguimos pendiente de que sea efectivo aquello de “reglas ciertas para resultados inciertos”, premisa de la democracia, sin fraude.

@ticopineda

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