El día que Alberto Rojas Ríos integrante de la terna para elegir el reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto hacía la presentación de su aspiración y de su hoja de vida, puso especial énfasis y particular acento en la extensa formación académica realizada, pero sobre todo destacó con tal vehemencia la “inmaculada moral y ética” de su trayectoria en la vida pública hasta el punto de agotar los adjetivos de nuestra rica lengua castellana. En ese momento percibí premonitoriamente como ave de mal agüero, que en el tono de sus palabras, en la expresión de su rostro y en el uso desmedido de los sinónimos de la palabra honestidad, que había cierto cinismo y sarcasmo induciéndome a pensar que tras aquellas palabras se escondía algo que ni en ese momento ni durante el curso de los días siguientes pude precisar.


En honor a la verdad debo confesar que hasta entonces desconocía la trayectoria del aspirante. Había sido vice procurador para asuntos civiles, y sobre todo, que había sido nada más ni nada menos que Procurador General encargado.

Algunos días después, mientras escuchaba y observaba noticias me encontré con la sorpresa de que mi premonición había resultado real, es decir cierta. No lo podía creer y no salía de mi sorpresa.
El noticiero denunciaba que el citado personaje de marras durante su ejercicio como abogado años atrás, siendo apoderado de una viuda en una demanda contra el Estado, se vio involucrado en un proceso penal por presuntamente haberse apropiado de una significativa suma de dinero producto de la indemnización que la justicia condeno a pagar al municipio de Funza. El proceso por este delito contra Rojas Ríos paso por 17 juzgados hasta que prescribió en favor del hoy honorable magistrado.

Luego de hacerse pública esta grave denuncia que prescribió gracias a las argucias de sus abogados así como a la negligencia de la justicia y la interferencia de poderosos e influyentes políticos, el honorable magistrado continuó como el renacuajo paseador muy tieso y muy majo su proceso de elección y posesión no obstante el manto de dudas que ensombreció tan inmaculada aspiración.

Inmediatamente surgieron desde distintas fuentes otra serie de interrogantes relacionados con una presunta evasión fiscal y presuntos vínculos con miembros del paramilitarismo que estaban relacionados con la senadora Zulema Jattin recién condenada por sus vínculos con estos últimos.

Como si esto fuera poco, el presidente Santos contra todas las dudas y contra la oposición de importantes secares de la opinión publica y contra los más elementales principios de la ética y la moral, si es que queda algo de aquellas, le dio posesión al honorable magistrado en una discreta ceremonia.

A esta seguidilla de irregularidades, dudas, procesos dilatados y prescritos, explicaciones nada convincentes del magistrado se sumó la demanda que en días pasados el coordinador de las veedurías ciudadanas entabló ante el Consejo de Estado con fundamento en las irregularidades en las que incurrió el poderosos grupo de senadores que defendió su aspiración y sobre todo los senadores que finalmente intervinieron en su elección muy a pesar de los serios cuestionamientos éticos y morales del aspirante, que según la constitución se consideran en un serio impedimento para tomar posesión de un cargo de tal naturaleza.

[email protected]