A siete meses de las elecciones de octubre es evidente que el concejo municipal empieza a dar muestras de sus pretensiones, sin importar si para lograrlo es necesario lanzar propuestas que engañen y que vayan en contravía de las normas. ¡AL FIN Y AL CABO, EN CAMPAÑA TODO SE VALE!, dice el adagio popular.


Pues bien. Inicialmente quiero referirme a la salida en falso de 17 concejales al aprobar el acuerdo No. 02 de febrero 28 de 2011 ‘Por medio del cual se adoptan medidas de optimización tributaria en los tributos municipales, se modifica el acuerdo 046 y se dictan otras disposiciones’. Vale la pena recordar acá que no es el mismo que el alcalde de turno, Claudio Mario Galán, radicó el 3 de febrero para estudio y aprobación del Concejo.

Es bueno que la ciudadanía analice detenidamente qué hace el cabildo y cuál es su proceder cuando se presentan proyectos de acuerdo. Para el caso que nos ocupa, el alcalde Galán citó a extras y presentó inicialmente cinco proyectos y por el camino se adicionó uno más para que el cabildo los estudiara. Aquí por su puesto estaba incluido el relacionado con las medidas de optimización tributaria.

Cualquiera diría que hasta ahora todo marcha bien y que aún no se detectan irregularidades, sin embargo estamos al borde de corroborar que estamos frente a un concejo apresurado y con falta de olfato para estudiar la ley y actuar con sensatez.

Cuando el alcalde Galán radicó el proyecto buscó básicamente tres elementos: Adoptar a favor de los contribuyentes beneficios que la ley otorga a los morosos anteriores a 2008, facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante la unificación del CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) y modificar la base mínima para liquidar la retención en la fuente, para lo cual se propuso la modificación del artículo 13 del acuerdo 046 de 2009. Lo que nunca planteó el ejecutivo fue la modificación de tarifas para el cobro del impuesto predial, porque eso sin duda afectaría los ingresos del municipio y por ende la inversión en educación, infraestructura y salud, sólo por mencionar algunos sectores.

Claro que como estamos en un año electoral y algunos concejales necesitan comenzar a mostrarse, a dos de ellos (Arthur Bernal y César Rico) se les ocurrió lanzar una propuesta ‘dizque para defender al pueblo’. Sin un estudio previo que soportara la idea y sin pensar en el gran daño a las arcas municipales que ello causaría, se propuso y luego se aprobó la modificación de tarifas para el cobro del impuesto predial unificado. Hasta ahí suena como bien, pero los cabildantes que aprobaron en plenaria la nuevas tarifas (17 de ellos), nunca midieron el alcance de semejante ‘error’.

Bien lo advirtió en su momento el concejal Fidel Torres Tovar, quien junto a Alonso Rodríguez Chía se abstuvieron de aprobar la propuesta. Torres trató de persuadir a sus colegas, aduciendo dos aspectos: “Yo vi una ilegalidad porque el proyecto de acuerdo que se aprobó no fue de iniciativa del ejecutivo, la ley es muy clara y dice que toda modificación que se presente al presupuesto del municipio, departamento o nación, debe ser iniciativa del ejecutivo; es la ley y no podemos saltarla, y precisamente se estaba modificando en un porcentaje importante el ingreso del municipio para el predial. En ese momento yo advertí que no fueran a votar porque el proyecto no estaba avalado por un documento en donde el alcalde aceptara esa modificación. El otro argumento es que nosotros tendríamos que tener en nuestras manos un estudio técnico que nos dijera que el municipio aguantaba rebajar los impuestos en una suma tan importante como es el 13% de los ingresos propios del municipio. El concejo no tenía ningún documento que respaldara tal decisión, afectando temas como educación, salud e inversión en vías, por ejemplo”, dijo el concejal.

No obstante, 17 de los 19 concejales votaron a favor. Aparentemente el cabildo le apuntaba a favorecer a los contribuyentes en el pago del impuesto predial unificado, pero al analizar detenidamente el comportamiento de quienes lo aprobaron, hoy se deduce que se actuó a la ligera, y quizá algunos pensando irresponsablemente en cautivar un electorado porque la contienda apenas comienza.

Y otro factor que valdría la pena analizar es si las sesiones extras convocadas por el alcalde surtieron el efecto esperado, sabiendo que sólo se aprobaron tres de los seis proyectos presentados, aunque hay que decir que el relacionado con los tributos no se cuenta porque al final se objetó por el ejecutivo. Y aquí podríamos formular preguntas como: ¿De dónde sale la plata para pagar las sesiones a los concejales?, ¿A caso no es del bolsillo de los contribuyentes?… ¿Y valió la pena sesionar desde el 8 hasta el 28 de febrero para aprobar un proyecto con tantos vacíos?… Para pensar y reflexionar.

Ahora. Volviendo al proyecto de los tributos municipales, el concejo cometió errores que sin duda tendrán un elevado costo político, especialmente para su mesa directiva. El alcalde Iván Moreno lo objetó por tener inconsistencias propias del desconocimiento, la ligereza y hasta la falta de espíritu para investigar qué dice la norma.

Por ejemplo, una de las objeciones del ejecutivo es un simple error de apreciación (otros dirían un error infantil) ya que el Artículo Tercero del acuerdo aprobado por el concejo manifiesta: “Modifíquese el Artículo 1 del Acuerdo 46 de 2009…”, haciendo referencia a la tabla de avalúos y tarifas, cuando realmente este artículo del acuerdo en mención contiene es un parágrafo que habla de un pago voluntario de los contribuyentes. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo que los concejales debieron incluir, si se referían a tarifas y avalúos, fue el numeral primero del Artículo Tercero del mismo acuerdo 46 del 10 de diciembre de 2009, aunque al observar el proyecto 02, aprobado erróneamente, sólo tiene en cuenta al sector de vivienda y comercio para aplicar tarifas, excluyendo a los demás sectores socioeconómicos. Claramente el alcalde Moreno manifiesta en el texto donde objeta el proyecto: “Al excluir del sistema tarifario del Impuesto Predial unificado los otros siete sectores socioeconómicos, los cuales están clasificados en el Estatuto Tributario Municipal, se está unificando en un solo sector el sistema tarifario del impuesto predial unificado y se está violando el Artículo 17 de la Ley 14 de 1983 que establece ‘… en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio…’”.

Significa que si se hubiera sancionado el acuerdo como los concejales lo aprobaron, ‘quedaría únicamente un sistema tarifario para el impuesto predial de seis grupos de predios, con tarifas en un rango de 3.2 por mil hasta el 7 por mil, y los demás sectores no quedarían dentro de la estructura de tarifas del impuesto predial, sino contenidos en el artículo 3 del acuerdo objetado, situación que sería lesiva para los intereses de la Administración y los contribuyentes’.

Analizando los errores planteados anteriormente y cometidos inicialmente por los concejales Rico y Bernal, luego en comisión y finalmente aprobados en plenaria, se deduciría que nadie tuvo en cuenta aspectos como el impacto y las consecuencias técnicas, financieras y socioeconómicas que tendría el municipio al modificar las tarifas del impuesto predial unificado.

Lo que el concejo debería estudiar, si realmente le interesa el bolsillo de los contribuyentes, es la modificación de la forma de recaudo para la Car, porque lo que se evidenció con la aprobación del Acuerdo 02 es que los concejales tocaron las tarifas relacionadas con el ingreso al fisco municipal, pero dejaron intacta la tarifa del 1.5 por mil a favor de la entidad ambiental. Incluso el mismo alcalde Moreno debería tener en cuenta esta posibilidad. Recordemos que una forma es la adoptada actualmente en Soacha, amparada en el artículo 44 de la ley 99 del 93, la cual establece que ‘los municipios y distritos podrán optar con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial’. Pero la misma ley da otra posibilidad de recaudo: Destinar ‘un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo concejo, a iniciativa del alcalde municipal’.

Sería bueno que, tanto los concejales y el mismo alcalde Iván Moreno se sienten y hagan un ejercicio para analizar cuál de las dos formas de recaudo le favorecen más al municipio y al contribuyente, porque-la verdad- a mí me parece que es mejor la segunda.

Pero retomando los errores cometidos por el cabildo al aprobar el Acuerdo 02 de febrero 28 de 2011, es bueno recordar que mediante comunicado del 8 de marzo de este año, el alcalde objetó dicho acuerdo, situación que fue analizada por una comisión accidental del concejo, aceptada y luego socializada en plenaria. Los concejales aceptaron las objeciones, como quien dice, reconocieron sus errores. Dice el adagio popular que ‘El que calla otorga’.

No se puede salir a la ligera y de una forma irresponsable a promulgar una propuesta sin soporte alguno, solo por conseguir votos y tratar de demostrar vanamente que algunos concejales son los defensores del pueblo. Si la intención del cabildo era mitigar el impacto en los contribuyentes por el elevado avalúo catastral, por qué no tuvieron en cuenta que el municipio cuenta con herramientas que alivian tal situación, como la ley 44 de 1990 y el acuerdo 30 del 25 de noviembre de 2010? (en este último se incluye un tope máximo del 40% en alza de tarifas).

Si la intención era favorecer a los contribuyentes, acaso la administración ya no había colocado un techo máximo? O es que no sabían?, o más bien fue que no averiguaron?. Y para qué generar ilusiones cuando en Soacha hay una población dolida, golpeada y de escasos recursos. No es eso dañino a caso, más cuando al interior algunos concejales sabían que lo que estaban proponiendo no era viable?.

Con el respeto que se merece el cabildo en pleno, creo que no hay cara para salir ahora a hacer un ejercicio por las comunas denominado ‘Concejo en su barrio’, con antecedentes como el descrito anteriormente. No creo que esté bien actuar con ligereza por tratar de ganar un protagonismo sin tener en cuenta el daño al fisco municipal y el engaño a una población que espera transparencia y honestidad.

Creo que es la hora que la comunidad despierte y comprenda que es necesario elegir dirigentes capaces, inquietos, estudiosos de las normas y honestos. Soacha necesita un concejo serio, aplomado, culto, capaz e inteligente.

Bienvenidos los ejercicios democráticos y participativos, pero sin engaños ni protagonismos, porque no hay que olvidar que los habitantes de Soacha no son los mismos de hace seis, ocho o diez años. Ahora hay líderes preparados, jóvenes estudiosos y capaces, y habitantes inquietos por saber el presente y el futuro del municipio.