La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. La decisión se tomó poco después de que el mismo Procurador Alejandro Ordóñez negó la recusación en su contra.


«La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en decisión del día de hoy, confirmó el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, mediante el cual encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá», señala la decisión dada a conocer por la Procuraduría.

Horas antes de la decisión, Ordoñez firmó el documentos con el que rechazó la recusación interpuesta en su contra por la defensa del alcalde de Bogotá, con la que quería que se apartara del proceso.

El Jefe del Ministerio Público rechazó la figura de Procurador ‘Adhoc’ porque esta no existe en la Constitución Política de Colombia.

Al resolver el recurso de reposición, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría dejó en firme la sanción en contra del alcalde Petro por las irregularidades en la modificación del nuevo esquema de aseo en Bogotá.

La Sala rechazó los argumentos suministrados por la defensa del mandatario, al considerar que no se logró desvirtuar la responsabilidad del alcalde en el caos que sufrió la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2012.

En la reposición también se ordenó que a través del procurador Ordoñez se comunicara el contenido de la presente decisión al presidente Juan Manuel Santos, funcionario competente para la ejecución de la sanción impuesta, conforme lo indican el Decreto 1421 de 1993 y el artículo 172 del Código Disciplinario Único.

Una vez conocida la decisión, el alcalde Petro, a través de su cuenta de Twitter, anunció una ‘alerta democrática’ en Bogotá, y dijo que ‘la justicia cojea pero llega’. Así mismo convocó a la ciudadanía a una manifestación ‘masiva y permanente’ en la Plaza de Bolívar de la capital.

¿Qué sigue?

Contrario a lo que manifiesta el alcalde Petro, el Presidente de la República tiene que acatar la decisión de la Procuraduría, y en cuestión de días debe nombrarse un alcalde encargado para luego convocar a elecciones.

Con la decisión de la Procuraduría, la convocatoria a elecciones para revocar el mandato de Petro queda automáticamente eliminada.

En cuanto a las demandas que entabló la defensa del alcalde ante la justicia administrativa, será el Consejo de Estado quien tendrá que decidir, lo que significa que las vías legales para Petro están prácticamente agotadas.

Finalmente, la posibilidad en la Comisión Interamericana para que proceda a una medida cautelar en favor del Alcalde, no es clara, teniendo en cuenta que ese tipo de medidas se han aplicado hasta ahora sólo en casos de grave riesgo para los derechos humanos, lo que significa que no se obligaría al Estado colombiano a acatar una eventual decisión a favor de Petro, por venir de la Comisión Interamericana y no de la Corte.