En Soacha el dinero transita en medio de la pobreza

Posted on 11 de febrero de 2015 by Periodismo Público

Solo en el municipio de Soacha se estima que hay más de 200 zonas de explotación minera, de las cuales el 70% se considera son ilegales. De los 182 kilómetros cuadrados de su territorio, cerca del 15% está dedicado a la minería legal, pero otro tanto se explota ilegalmente.

La mayor parte de extracción de materiales de construcción se hace en las veredas Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, San Francisco, San Jorge, Romeral, El Vínculo, La Veredita y en los cerros de San Mateo y Ciudadela Sucre.
Según el Catastro Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Soacha hay 52 títulos para explotar materiales de construcción, los cuales abarcan 2.300 hectáreas del municipio. Sin embargo, el 70% están en manos de siete empresas o personas naturales.

La información de la Agencia Nacional de Minería indica que el título más grande lo tiene Minas de Canoas Ltda. (Mincal), seguida por Ladrillera Santafé, Alfagrés y la Ladrillera Santander. En cuanto a personas naturales, Manuel Jiménez Álvarez tiene el título más grande, seguido por Elizabeth Quiñónez y Carlos Arturo Toro.

En cuanto a las minas ilegales no hay cifras reales. Mientras algunos hablan de unas 150 zonas de explotación, la Car dice que la cifra podría acercarse a los 200 predios, lo que indica que la ilegalidad oscilaría entre el 60 y el 75%.

Pero independientemente de la legalidad o ilegalidad de las explotaciones, la realidad para Soacha es que unos pocos se están llevando la riqueza del municipio, mientras buena parte de sus habitantes enfrentan situaciones críticas de pobreza.

“Aquí sólo nos quedamos con el polvo y la contaminación porque todos los días pasan cientos de volquetas llenas de materiales de construcción para Bogotá”, dijo Miguel Antonio, residente en la zona del Cagua.

“En Soacha pasa como en el Chocó o el Casanare. Estamos en medio de una mina de plata pero para que los ricos se la lleven. En vez de ser una bendición esto es una maldición para los habitantes del municipio porque esas explotaciones sólo nos dejan ruina”, añadió una residente de Villa Daniela.

Otro de los problemas de la minería ilegal es la situación laboral de quienes trabajan en las canteras. Muchos obreros no cuentan con seguridad social, ni afiliación a riesgos profesionales, ni mucho menos prestaciones o primas.

“A mí me pagan 20 mil pesos diarios y nada más. La verdad son jornadas duras y lo peor es que aunque tenemos tapabocas, tanto polvo y contaminación terminan por perjudicar nuestra salud”, dijo un trabajador que pidió omitir su nombre.

Aunque las estadísticas de la Gobernación de Cundinamarca muestran que las canteras generan unos 6.000 empleos directos, la realidad para quienes trabajan a diario en las minas es muy difícil, más cuando no cuentan con las garantías de ley.

Pero el perjuicio no es sólo para quienes laboran al interior de las minas. En zonas como San Mateo y Ciudadela Sucre las áreas de explotación se ubican a menos de 200 metros de algunos barrios, lo que representa una verdadera amenaza para la salud de los residentes.

“Tristemente estamos llenos de polución y todo el día respirando partículas diminutas que nos enferman a todos. Aquí vivimos personas de todas las edades, aunque la verdad la preocupación mayor es por nuestros niños porque sabemos que la explotación de las canteras nos está matando”, añadió José Pinilla, residente en el sector del Bosque.

Lo peor y más preocupante de todo lo anterior es que ninguna autoridad hace lo necesario para controlar esta difícil situación. Mientras entidades del municipio argumentan que es la CAR la responsable de este desastre, la entidad ambiental asegura que el problema es la falta de apoyo de las autoridades locales.