Una de las decisiones más importantes que deberá tomar el Congreso de la República que se posesiona el 20 de julio, será la elección del próximo contralor general de la Nación.

 De la manera como decidan Senado y Cámara, sabremos de qué lado de la historia están nuestros nuevos legisladores; en otras palabras, a partir de la elección del nuevo contralor, tendremos clarísima la clase Congreso que los colombianos acabamos de escoger. Dicho esto, es hora de advertir que por lo menos uno de los aspirantes a dirigir el ente de control encargado de vigilar este año 350 billones de pesos del presupuesto general de la Nación, sin duda tiene muchas cosas que explicar.

Nos referimos a Julio César Cárdenas Uribe, abogado de la Universidad Externado, considerado como el candidato de viejos clanes políticos como la ‘Casa Turbay’, quien nuevamente aspira a ocupar el cargo de Contralor General de la República, postulándose por segunda vez, tal y como ya lo hizo en el año 2018. El doctor Cárdenas fue el funcionario más poderoso de la Contraloría General durante el cuatrienio del controvertido Contralor Julio César Turbay Quintero, quien terminó investigado por una nómina paralela de casi 18 mil millones de pesos, el mismo que se fue dejándonos como legado una costosísima e inútil camioneta blindada que en teoría sería una oficina móvil, pero que en la práctica no sirvió para nada.

Tal ha sido la cercanía de Cárdenas con la ‘Casa Turbay’ que su mentor, ‘Junior’ Turbay, llegó a encargarlo como vicecontralor General.

 Aquí vale recordar la famosa frase del expresidente Julio Cesar Turbay, padre del excontralor y jefe del doctor Cárdenas Uribe, quien alguna vez habló que reducir la corrupción a sus “justas proporciones”.

Particularmente, el doctor Cárdenas, a quien deben elegir Senado y Cámara de Representantes, es una persona que ha recibido de la misma Cámara significativos contratos que superan los 130 millones de pesos y diversas responsabilidades de alto calado, una suma nada despreciable para, en teoría, apoyar la gestión administrativa, sin dejar de mencionar que en Bogotá ha logrado millonarios contratos con la Administración Distrital, uno de ellos con el Instituto de Desarrollo Urbano por algo más de 112 millones de pesos.

 Otros hechos sobre los cuales el doctor Cárdenas debería darnos explicaciones tienen que ver con sus supuestas relaciones con Medimás y Saludcoop, algo sobre lo cual mucho se habla en los corredores y altas esferas del Congreso.

Son de tal tamaño las reservas que un sector del Congreso tiene alrededor del nombre de Cárdenas, que ya dentro del Pacto Histórico su nombre ha producido una primera fractura. Si bien es cierto que hace cuatro años el senador Gustavo Petro apoyó la candidatura de Cárdenas a la Contraloría, hoy las circunstancias y los hechos que se conocen alrededor de Cárdenas, hacen que el panorama resulte muy distinto.

No de otra forma se entiende la división que hay dentro del Pacto Histórico frente a la posibilidad de apoyar o no a Cárdenas en este segundo intento de llegar a la Contraloría General de la República.

Ciertamente estamos frente a una oportunidad histórica para que el Congreso muestre el camino que piensa recorrer, para que el Pacto Histórico demuestre que su transparencia no son solo palabras, y para que por fin Cárdenas nos diga qué tan ligado a la vieja clase política está y ha estado, y acalle las múltiples voces que exigen razones de peso del porqué colindar de manera tan amistosa y en completa camaradería con personajes como el caso de Alfonso Prada, que no le cabe una investigación más por diversos hechos (Odebrecht, SENA entre otros …) o el Doctor Roy Barreras con su presunta manipulación en la ESAP y el investigado por enriquecimiento ilícito Armando Benedetti, entre otros… que vienen dejando ese sin sabor en la moral que con tanto desdén viene impulsando el cambio y la batalla contra la corrupción en cabeza del Pacto Histórico.

¡Lo que está en juego es el cuidado de los recursos públicos y por supuesto la lucha contra la corrupción en el País! J

Jeisson Fonseca, contador público.