Por no responder derechos de petición a 234 personas, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, deberá pagar más de doscientos millones de pesos a la nación.


El Consejo de Estado ordenó a la Empresa de Teléfonos de Bogotá pagar una multa de más de 200 millones de pesos a la Nación, por no atender oportunamente las reclamaciones o derechos de petición de 234 personas.

La sección primera del alto tribunal se abstuvo de declarar la nulidad del acto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso el castigo antes mencionado.

El Consejo de Estado además ordenó a la empresa responder las solicitudes hechas por los usuarios y determinar si existieron daños y en su caso resarcirlos.

La empresa telefónica rechazó la decisión y la consideró desproporcionada, ya que según el expediente, en anteriores oportunidades frente a un número similar de quejosos, la Superintendencia había castigado a la empresa con una sanción menos drástica.

Sin embargo, la Sección primera del alto tribunal consideró que el número de personas que interpusieron quejas, no puede ser el único factor para determinar el monto de una sanción, si se tiene en cuenta que los motivos que pueden dar lugar a quejas son diferentes.

“Por ejemplo, doble facturación, suspensión del servicio, no reparación del daño, cambio de estrato, retiro de línea, etc., razón por la cual, cuando la Superintendencia aplica una sanción, lo que tiene en cuenta es la manera como se vio afectada la prestación del servicio, afectación que en todos los casos no es igual, dada las diferentes circunstancias que se pueden evidenciar en las peticiones del respectivo grupo de usuarios que presentan sus quejas y que se acumulan en una actuación”, indicó el Consejo de Estado.