El peligroso estado de decenas de viviendas en el barrio Junín y la urbanización Casa Linda de San Mateo, tiene en alerta a las familias residentes en estos dos sectores de la comuna cinco, puesto que temen perderlo todo y hasta el momento no han encontrado una solución para subsanar el problema.


Para los habitantes del Sector Junín, seguir residiendo en sus viviendas ya es un riesgo que bien podría afectar su integridad y las de sus familias, debido al avanzado y preocupante estado de deterioro que las mismas presentan y que se ha dado debido a la baja calidad del suelo, el cual, después de varios años, la comunidad se percató que no era apto para construir.

“Varias personas ya han tenido que dejar sus viviendas porque están a punto de caerse, todas cuentan con grietas inmensas que arriesgan la estadía de cualquier persona al interior de ellas. Cabe resaltar que la mayoría de habitantes de estas viviendas son adultos mayores y personas que habían adquirido estos predios como el último de sus esfuerzos para tener una vida tranquila, pero ahora deben pagar arriendo, porque su hogar representa un peligro para ellos”, relató Elizabeth Corredor, líder comunal.

Hace una década, las familias empezaron a notar las fallas en las estructuras de las viviendas del sector. Desde entonces, tanto Casa Linda como Junín se unieron en un solo grupo para presentar su problema ante los organismos de control correspondientes, con el fin de recibir ayuda y evitar que los damnificados lo perdieran todo, sin embargo, hasta ahora no han logrado recibir ninguna clase de apoyo o atención.

Para la desgracia de los residentes del sector Junín, la urbanizadora que construyó sus viviendas, era una empresa pirata, de esta forma, cada vez que construía cambiaba de razón social, imposibilitando así que los habitantes perjudicados pudiesen encontrar la forma de responsabilizarla por el daño que actualmente están sufriendo.

No obstante, la mayoría de las personas afectadas con el deterioro de las viviendas emprendieron una acción de grupo hace cuatro años, en la cual demandaban a la administración municipal de aquel entonces, entre otras entidades que para la comunidad también deben hacerse responsables del estado de sus viviendas.

Después de dos años en los que el proceso fue evaluado y donde las diferentes entidades agotaron sus recursos, la sentencia falló a favor de la comunidad, pero pese al logro que ya había alcanzado el proceso siguió dilatándose y hasta el momento no han logrado que ninguna entidad tome medidas correctivas para garantizar la seguridad de los cientos de familias perjudicadas.

Ahora están tratando de obtener los recursos para pagar los honorarios de un abogado, a la espera de que se pueda volver a poner en marcha el proceso y se dé cumplimiento al fallo que ya garantiza el reconocimiento de los derechos de estas familias. Teniendo en cuenta la difícil situación por la que los damnificados están pasando, aseguran no tener cómo sustentar dicho desembolso.

“Las familias que estamos tratando de hacer que el proceso funcione no contamos con los recursos suficientes, ya que muchos, pese a tener su propia vivienda, debieron irse a pagar arriendo a otros sitios y los que se quedaron son en mayoría adultos mayores; no contamos con pensión, por lo tanto no tenemos cómo reunir el dinero suficiente para poder impulsar el proceso”, argumentó Libia Fandiño, habitante perjudicada.

Para finalizar, las personas que se han encargado del proceso han estado pendientes de las familias perjudicadas haciendo llamados y reuniones constantes con el fin de informarles y detallar cómo está la situación, así mismo se realizó un censo en el que el total de núcleos familiares perjudicados superó el centenar.