Fiscalía destapa piezas clave de la investigación por el ataque a Miguel Uribe

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Después de 17 días del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación reveló avances sustanciales en la investigación.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional presentaron un informe detallado sobre los avances en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, encabezaron la presentación.

Hasta la fecha, las labores investigativas han permitido la judicialización de cuatro personas, gracias a los elementos materiales probatorios, evidencias y la información legalmente obtenida durante 17 días de trabajo articulado.

Entre los procesados está el adolescente que disparó contra el congresista. También fue judicializado Carlos Eduardo Mora González, quien habría participado en actividades previas al atentado y facilitado un vehículo desde el cual se habría entregado el arma al menor de edad el día del ataque.

Otra de las capturadas es Katerine Andrea Martínez Martínez, señalada de transportar y entregar la pistola tipo Glock al adolescente. Además, habría permanecido en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para cerciorarse de que se ejecutara el acto criminal.

William Fernando González Cruz, por su parte, estaría implicado en la planeación del atentado, la selección del menor que disparó y en facilitar la huida de los demás involucrados.

A estas personas se les imputaron los delitos de:

  • Homicidio agravado en grado de tentativa.
  • Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
  • Uso de menores de edad en la comisión de delitos.
  • Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Sobre el delito de tentativa de homicidio, la Fiscalía destacó un agravante: la calidad de Miguel Uribe Turbay como miembro de una colectividad política, lo que configura el agravante establecido en el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal.

“Eso tiene también sustento en otro aspecto, y es que nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, explicó la fiscal general durante su intervención.

Acción investigativa

Como parte del trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional, se han realizado más de 300 diligencias e intervenciones para esclarecer el hecho.

Entre estas se destacan la verificación de 89 cámaras de seguridad, 8 interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, 7 diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, 3 perfiles criminales y 3 retratos hablados.

También se ha avanzado en el análisis de información extraída de 8 teléfonos celulares incautados. Uno de estos dispositivos, perteneciente al adolescente que disparó contra el senador y localizado en su lugar de residencia, arrojó rastros gráficos en su memoria caché.

Entre las imágenes halladas estaban fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y de la fiscal general de la Nación.

Sin embargo, de acuerdo con los expertos en informática forense, estos archivos fueron guardados automáticamente por la aplicación de noticias del buscador instalado en el celular. Esta herramienta descarga y almacena temporalmente imágenes y titulares recientes para sugerir contenido al usuario cuando abre la aplicación.

La inspección a las fechas de dichas imágenes —abril y mayo de este año— indica que el adolescente no realizó búsquedas asociadas con las personas mencionadas.

Tampoco se encontraron archivos como enlaces enviados o recibidos, ni indicios de conversaciones o interacciones que mencionaran al alcalde de Bogotá o a la fiscal general.

La Fiscalía continúa con el proceso de individualización de los determinadores del atentado, es decir, de quienes habrían planeado o financiado el ataque, dentro de un esfuerzo que ha sido calificado como prioritario para la entidad por la gravedad del hecho y su contexto político.

Foto: Wikipedia y Senado

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