Fiscalía presenta argumentos en el caso del gobernador Aníbal Gaviria

Posted on 8 de junio de 20208 de junio de 2020 by Periodismo Público

Dice la Fiscalía que en las dos adiciones que tuvo el contrato no se tuvieron en cuenta los principios de transparencia, eficiencia y economía que se deben considerar para este tipo de obras por parte del Estado.

La Fiscalía advierte que los trabajos que llevaron a mejorar la conexión entre Zaragoza y Caucasia que fue el contrato inicial, no tenían relación con las que se justificaron en la adición que conectaron al Bagre con el municipio de Zaragoza. El funcionario del ente acusador reseñó que eran vías distintas, y que pertenecían a diferente por lo que insiste en que lo correcto era hacer una licitación y un proceso desde cero y no hacer una adición a la obra tal y como se hizo en este caso.

Según los documentos que pudo recolectar el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a su juicio queda en evidencia que la adición del otro sí número 2, se determinó en mayo de 2007, sin estudios previos y sin tener la claridad de cuál era la obra que se iba a llevar a cabo para la conexión entre el Bagre y Zaragoza, a pesar de que esa edición se firmó sólo tres días antes de que finalizara la administración de Gaviria.

W Radio tuvo acceso en primicia a los testimonios recolectados por el ente acusador como el de Nadia Maya Lopera, directora de Desarrollo y Evaluación Contractual de la gobernación, quien explicó algunas de las consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de hacer las adiciones al contrato: “En ese momento SOLARTE Y SOLARTE era una de las firmas viales mejores que tenía el país, mejores en infraestructura, en equipos y no reconocido por mí, sino por propios y extranjeros. Lo que quise decir es que la ventaja del contratista era que estaba instalado y eso significa ahorros en tiempos y costos para el proyecto. Cuando usted va a hacer una adición siempre dice, el contratista es bueno para que se adicione, me refiero a buen ejecutor, o no y de alii se derive muchas decisiones que toman todos los gobiernos, todos, porque si el no cuenta con los equipos y con el personal requerido lo que evidencia son retrasos en obras y una mala ejecución”.

La Fiscalía advirtió que estas reflexiones no son admisibles como fundamento para adicionar un contrato, e insistió en que no se debe incrementar el valor de un proyecto porque el contratista es bueno como ejecutor, porque a su juicio esto deja en evidencia “que lo que se está premiando es un interés individual y no el colectivo que es el que debe ser el norte de las actuaciones de la administración”.

Los funcionarios de la administración del entonces gobernador que participaron y trabajaron en la obra, le contaron al ente investigador que se plantearon dos opciones para la conexión de Zaragoza con El Bagre. El ingeniero Wilson Herron Duran, le dijo a la fiscalía que “Yo hice el estudio, pero no fue oficial, la valoración del ahorro del tiempo en transporte; cogí el tiempo del extra recorrido por la otra alternativa, supuse unos viajes de buses, de camiones y de vehículos tipo automóvil que entraban y salían diariamente a El Bagre, valoré el tiempo de la gente, el extra recorrido en desgaste de vehículos y en consumo de combustible y saque la conclusión que entre más o menos 25 o 30 años esos ahorros valían lo que valía la construcción del puente (…) Eso no lo dejé documentado, lo hice en una tarde que me puse a llenarme de argumentos más técnicos para las ventajas que debería tener la construcción del nuevo puente sobre el río Nechí. Eso fue a finales del 2007. Cuando el gobernador me habló, yo le dije eso, eso fue como en octubre”.

Ese mismo funcionario le confirmó al ente investigador que aparte de esos argumentos que redactó en una tarde, no hubo estudios técnicos previos, ni diseños, ni presupuestos, ni estudios de mercado para soportar la iniciativa de construcción del puente sobre el río Nechí.

La Fiscalía General de la Nación explica que esta decisión llevó a que el contratista tuviese que subcontratar los diseños de esa obra porque su experticia era la construcción, motivo por el cual, entre otros, se ganó el contrato inicial pero no diseñador que ahora lo exigía la modificación y adición a ese proyecto, en este punto reitera el ente acusador no hubo planeación adecuada e insiste en que estas decisiones llevaron a sobrecostos que pudieron evitarse si se hubiese iniciado un proceso a parte y desde cero.

En este proceso que lleva la Corte, 16 personas han dado su testimonio, entre ellos el gobernador Aníbal Gaviria quien fue citado en cuatro oportunidades y solo hasta el 16 de abril de 2020 se cumplió la diligencia porque sus abogados pidieron varios aplazamientos.

Del resultado de las diligencias se advirtió la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales con peculado por apropiación en favor de terceros, y que el determinador fue Aníbal Gaviria Correa como gobernador entre 2004 y 2007.

El gobernador, Aníbal Gaviria, dijo que su función no era la de conocer el detalle de los anticipos, ni del contrato porque para eso la gobernación tenía un comité técnico encargado de esos temas y que además la interventoría debió velar porque todos los recursos se ejecutaran de manera óptima.

Reiteró que su actuación fue transparente, limpia y demostrada con los documentos presentados, así como la conducta de los funcionarios de la secretaría estuvo ajustada a derecho, con eficiencia, economía, transparencia y el resultado final de la Troncal de la Paz fue exitoso y ejemplar.

La Fiscalía General de la Nación presentó dos argumentos para sustentar la medida de aseguramiento del mandatario de los antioqueños, la primera, tomó como referencia las declaraciones que entregó el funcionario considerando que el gobernador no puede evadir su responsabilidad como máxima autoridad del municipio al asegurar que no conoce el detalle de lo que sucedió en esa obra. El acusador advirtió que el mandatario podría incurrir nuevamente en comportamientos de este tipo que le pueden llegar a costar la vida a los antioqueños, y que el gobernador podría querer volver a evadir su responsabilidad.

El segundo argumento que plantea la Fiscalía es que el mandatario puede incurrir en presiones a testigos que se consideran claves para el caso si se mantiene en su cargo.

Fuente: wradio