El Estado, a través del Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional, fue responsable del asesinato de Jaime Garzón, uno de los humoristas políticos más reconocidos en la historia reciente de Colombia. Dos sicarios acabaron con su vida en la madrugada del 13 de agosto de 1999, época en la que Garzón se convirtió en objetivo de grupos paramilitares.


En un fallo de 69 páginas, el Consejo de Estado señaló que Garzón “sufrió los padecimientos propios de una ejecución extrajudicial facilitada por miembros de inteligencia del Ejército Nacional, pues fue objeto de seguimientos e interceptación de llamadas”. Para el alto tribunal, este caso constituye un delito de lesa humanidad.

El Consejo de Estado tuvo en cuenta las declaraciones de diferentes excomandantes paramilitares, quienes señalaron a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, como uno de los hombres que ordenaron la muerte de Garzón. Narváez ha sido cuestionado e investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con Carlos Castaño Gil, condenado a 38 años de prisión por el asesinato del humorista.

Para el Consejo de Estado, la muerte de Garzón “fue planeada y perpetrada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, con la colaboración de los señores José Miguel Narváez Martínez y Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quienes eran miembros de la División de Inteligencia del Ejército Nacional”.

Tras comprobar que “miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley, paramilitares” para ejecutar el asesinato de Garzón, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 700 millones de pesos a favor de la madre del humorista, Ana Daisy Forero Portella y su familia. Del total de los recursos, cerca de 69 millones de pesos recibirán María Soledad Garzón y Manuel Alfredo Garzón, familiares del humorista.

La reparación no deberá limitarse al reconocimiento económico. De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, el comandante del Ejército Nacional y el Director General de la Policía deberán realizar “un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima”. Dicho acto deberá realizarse antes de que termine 2016.

Los juristas esperan que se dé, por parte de las autoridades, “un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por los hechos que dieron origen a la presente acción”, es decir, por el asesinato de Jaime Garzón.

La defensa del Estado, como lo demuestra el fallo del Consejo de Estado, se limitó a culpar a los sicarios que asesinaron a Garzón. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República rechazó la demanda “toda vez que el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero fue perpetrado por delincuentes desconocidos”.

El proceso judicial de Garzón lo ha seguido de cerca el historiador Carlos Medina, de la Universidad Nacional: “La familia de Jaime ha venido trabajando años atrás en una reparación integral, mediante la que se esclarezcan los hechos y la verdad. Yo acompañé a la hermana de él, Marisol Garzón, a La Habana. Fue como víctima del conflicto y le hizo una recriminación muy fuerte al Gobierno Nacional, porque en este caso, además de la reparación, se necesita verdad y justicia.

Fuente: ElColombiano.com