Ni la creación del comando especial para combatir bandas conformadas por migrantes ni el plan de registro para venezolanos en Bogotá fueron autorizados por el Gobierno.

Inicialmente se pronunció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien dijo que la creación de un comando que permita identificar y judicializar a la población migrante de Bogotá, involucrada en hechos delictivos, es responsabilidad del presidente de la República.

“Es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En ese sentido no hay ninguna creación de ese tipo de mecanismos. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de los colombianos”, aseguró el director de Migración.

El plan de registro para migrantes en Bogotá también fue desautorizado desde la Casa de Nariño. La apuesta de Claudia López era contar con un registro de los más de 400 mil venezolanos que hay en la capital, y para hacerlo se valdría de equipos biométricos y dactiloscópicos para identificar quienes están inmersos en hechos delictivos.

Por su parte, la mandataria capitalina dijo que es una decisión equivocada del Gobierno. “Nos parece que es permitir no solo el asalto a la seguridad, sino a la buena fe de los colombianos y los bogotanos… Creer que los criminales van a ir a la oficina de Migración en la 100 con 15, en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel, es un acto de inocencia enorme que termina generando más impunidad y más zozobra”, puntualizó.