Hay incertidumbre entre los habitantes del barrio Eugenio Díaz por la falta de información acerca de la construcción de un colector de aguas residuales que se instalará entre las calles 11 y 11 A, atravesando el centro del municipio desde la carrera quinta hasta la décima. La comunidad exige respuestas.


Según lo manifestado por los habitantes, el contratista y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, sólo pasaron por los predios realizando una toma fotográfica con el fin de establecer algunos estudios técnicos y la viabilidad del proyecto, pero no se preocuparon por informar a la comunidad acerca de lo que se pretende hacer, dejándola en incertidumbre total porque a largo plazo podrían ver afectadas sus viviendas.

Líderes del Comité ambiental del barrio Eugenio Díaz han hecho algunas consultas al respecto y por las informaciones que han podido obtener, se ha establecido que las obras ya se encuentran aprobadas y que falta únicamente la asignación del presupuesto. Las excavaciones iniciarían en la carrera quinta, bajando por la calle 11 hasta la carrera novena, de allí se trasladarían hasta la calle 11 A y llegarían de nuevo hasta la carrera 11.

La comunidad manifiesta que está de acuerdo con la puesta en marcha de la obra, sin embargo, lo que exige es que se haga por otra ruta que no afecte sus viviendas. Sugieren realizarla por el borde del Río Soacha, ya que también cruza el municipio de oriente a occidente y según los habitantes, menos predios se verían afectados si las obras se hacen por allí.

Los habitantes argumentan que las excavaciones subterráneas y el sistema de túneles tendrían nueve metros de profundidad: “Hay una distancia muy corta entre el paramento de la obra y el de las casas, y con el tiempo puede haber un asentamiento del terreno y nuestras casas se van a fisurar”, manifestó Honorato Usaquén, dignatario de la JAC del barrio Eugenio Díaz, explicando también que el terreno donde se ubican las viviendas es muy húmedo y que para llevar a cabo las obras, el agua existente tendría que drenarse, ocasionando a largo plazo daños en las viviendas.

“La constructora dice que si pasa algo nos hacen un ‘remiendito’ porque entre otras cosas, las casas son viejas”, agregó el dignatario, quien además hace parte del comité ambiental del barrio y de ahí el conocimiento que tiene acerca de la situación. Vale la pena mencionar también que los líderes comunales están solicitando una copia de los estudios que se han hecho sobre el proyecto, pero la CAR les cobra $300.000 por entregar la copia, no sólo de este, sino de un paquete que incluye todos los estudios ambientales que se han hecho en el municipio.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura de Soacha explicó que la obra se encuentra a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Aún no se tiene certeza sobre fechas estipuladas para iniciar los trabajos, ya que hasta ahora se encuentra en proceso de asignación de presupuesto.

Además, los ingenieros de esta dependencia explicaron que el papel de la Secretaría de Infraestructura en este trabajo es el de realizar una veeduría, por lo que se mostraron de acuerdo con la posibilidad de agendar una reunión con la comunidad para explicar acerca de los lineamientos que se deben seguir para realizar la instalación de dichos colectores. También se les consultó acerca de los plazos de cinco años de garantía que la comunidad menciona, a lo que manifestaron que los perjuicios ocasionados en las viviendas generalmente se ven reflejados en este lapso de tiempo y no después.

Por último se manifestaron abiertos a atender las inquietudes de la comunidad, brindando espacios para que expresen sus inquietudes con el ánimo de concretar una reunión que permita intercambiar ideas, buscando ofrecer información clara y las respuestas a las preguntas de los habitantes del sector.