En un nuevo reporte actualizado que entregó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indica que en lo corrido del año han sido asesinados o desaparecidos en diferentes regiones del país 22 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Esta ONG aclaró que “el registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de derechos humanos”.

De igual forma, anota Indepaz que en lo que va del presente año han sido asesinados o desaparecidos un total de nueve firmantes del Acuerdo de Paz.

Las cifras sobre la violencia contra estas dos poblaciones son materia de discusión porque unas son las oficiales que tiene la Fiscalía General de la Nación, otras las que recopila la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una tercera fuente es la que hace la sociedad civil en cabeza de Indepaz.

A principios de este mes fue creada una mesa intersectorial con el fin de unificar metodologías de investigación e información relacionadas con el asesinato de líderes sociales, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República.Esta mesa tendrá como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, el presidente Iván Duque dijo que “este trabajo articulado permite no solamente que la Defensoría, la Procuraduría y el Gobierno Nacional se articulen con la información precisa de las pesquisas que adelanta permanentemente la Fiscalía, sino que nos permite unificar la información entre todas las entidades, y que la lucha común contra este flagelo nos permita, bajo indicadores certeros, ser cada vez más efectivos”.


Sin embargo, unificar las cifras fue rechazado por organizaciones de víctimas y la oposición política. Incluso el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de “grave retroceso” la unificación de cifras. “Esta medida daña la credibilidad de los esfuerzos del Gobierno colombiano para prevenir y sancionar estos hechos, esfuerzos que, hasta ahora, han sido preocupantemente insuficientes”, dijo.