Invasiones por encargo

Es preocupante y hasta descarada la forma como terminó el año 2019 en materia de ocupación del espacio público en Soacha. Daba vergüenza la insensatez y permisividad de las autoridades con todo aquel que quería  salir a la calle a vender algún producto, no solo en el parque principal, sino en sitios de alta concentración de público distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.

En un municipio que durante décadas ha estado invadido por vendedores ambulantes o informales, definitivamente ha faltado visión y decisión de sus gobernantes y autoridades  para enfrentar este fenómeno que avanza  de forma acelerada con el correr de los días.

Suena insistente, pero esta es una realidad escalofriante. Quienes han vivido en Soacha durante los últimos 20 años seguramente son  testigos de la evolución de semejante problema y de la falta de autoridad para controlarlo, incluso hay evidencias que comprometen a algunos funcionarios públicos que han sido patrocinadores de los vendedores informales y su ambiciosa expansión por calles, andenes, parques y puentes peatonales.

No es secreto decir que los últimos cinco alcaldes (Eleázar, Nemocón, Martínez, El Cura, Bello) e incluso Cabra y Rodríguez Chía  propusieron en su momento medidas para controlar el fenómeno, pero ninguna funcionó.  

Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué ninguna propuesta se ha concretado? Al preguntarle a funcionarios de las diferentes administraciones no se encuentra la respuesta; cada uno tiene su argumento, pero ninguno convence del todo. Se dice entre otras cosas que es por falta de policía, ausencia de una reglamentación clara, ambigüedad en la ley, miedo a las mafias que controlan las ventas en las calles,  poco respaldo jurídico  y bajo presupuesto para implementar el denominado plan maestro del espacio público.

¿Quién tiene la razón?, sería la siguiente pregunta. Y ojo que aquí no estamos diciendo que la administración de turno deba atropellar y sacar a la fuerza a los vendedores informales; estamos hablando de controlar el fenómeno, organizar y reglamentar para que no se siga viendo lo que se observó en diciembre frente a la alcaldía y otros sitios de la ciudad.

La meta no es sacar a los vendedores de las calles, para nada. Se trata de enfrentar el problema para llegar a acuerdos y organizar a esas cientos de familias que viven de las ventas informales y evitar que cada quien haga lo que le parezca, y más por esta época donde muchos venezolanos buscan la forma de sobrevivir.

Tremendo lío el que tiene el recién posesionado alcalde Juan Carlos Saldarriaga porque debe enfrentar un problema de años, un fenómeno que ha crecido administración tras administración y en el cual ningún mandatario ha tenido la jerarquía y  voluntad de resolverlo.

Se reitera que la intención no es incitar a que se eliminen las ventas informales de Soacha, es actuar bajo la ley para organizar a esos vendedores en sitios propicios para tal fin y no permitir que a libre albedrío de cada uno se monten puestos a diestra y siniestra  para ofrecer toda clase de productos, incluyendo alimentos sin las mínimas condiciones de higiene.

A esto sí hay que apostarle, obviamente teniendo en cuenta las sentencias de la Corte y el Código Nacional de Policía porque Soacha no puede convertirse en  tierra de todos y de nadie. Por eso la invitación  al actual mandatario es a  actuar con contundencia pero con madurez, sin atropellar a las personas y sin pasar por encima de la Ley,  teniendo claro que las calles, los andenes, los puentes y los parques son de todos y no de unos pocos. Sin embargo también hay que decir que los vendedores y sus representantes deben entender que nadie les ha escriturado el puesto y que así como ellos, todos los ciudadanos tenemos derecho de utilizar ese pedacito que hoy consideran como propio. ¿Qué tal si todos nos apropiáramos de uno o dos  metros cuadrados de espacio público?

Ojalá esta vez sí funcione el dichoso censo del espacio público para identificar con claridad a quienes son y residen en Soacha, y se han dedicado a las ventas desde hace algún tiempo. Ellos deben tener prioridad para que accedan  a un programa de beneficios que incluya  una reubicación digna y decente, entendiendo que por el hecho de ser del municipio no pueden ubicarse donde les parezca.

Se trata de ceder entre las partes para empezar a darle forma a esta ciudad desorganizada e invadida por vendedores de Bogotá y otros municipios de Cundinamarca, incluso por personas extranjeras que llegaron a incrementar el problema. Es cierto que en las negociaciones nunca se logra el 100% de lo que se pide, pero si hay sensatez y voluntad, seguramente en este cuatrienio se logrará organizar a los vendedores y sacar a aquellos que sólo vienen a inundar las calles de basura y llevarse la plata de la ciudad.

El reto está planteado y lo que no se puede permitir es que las mafias que son manejadas desde afuera sigan utilizando a personas necesitadas para que invadan el espacio público del municipio y se usufructúen a cambio de alterar la estética y la organización de la ciudad. No se puede aceptar desde ningún punto de vista que esos denominados  “jefes” dueños de cinco, ocho, diez o más puestos sigan promoviendo la invasión por encargo, hay que actuar ya, pero hacerlo amparados en la ley para evitar contratiempos.

EDITORIAL

@periodispublico

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