Otra vez el Alcalde Petro agitó el cotarro. Y lo hizo con un tema de alcance global. Le puede servir de ¨cortina de humo¨ para ocultar las deficiencias de su gobierno. O de oportunidad para desatar un debate sobre un tema hasta ahora invisible en su agenda gubernativa. Aunque la modificación de la política antidrogas escapa a su competencia, Petro tuvo el acierto de atizar una discusión prioritaria en el mundo de hoy.


El Alcalde deja clara su inclinación por la despenalización del consumo. O su legalización. Contemporiza con la opinión de los expresidentes Zedillo de México, Cardozo de Brasil y Cesar Gaviria de Colombia. Y se acerca al presidente Santos quien pidió a la OEA en la pasada Cumbre de Las Américas reabrir la discusión continental sobre la eficacia de la cruenta y costosa guerra contra las drogas. Y con Pepe Mujica quien como presidente del Uruguay viene promoviendo la legalización de la marihuana.

Petro propuso ir más allá. Porque bastante avanzó el país con la despenalización de la dosis mínima gracias a la paradigmática sentencia de la Corte Constitucional que acogió la ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria. Una jurisprudencia que honra el libre desarrollo de la personalidad. Y que invitó a la sociedad colombiana a descriminalizar al adicto. Y recientemente el Presidente sancionó la ley que asume la adicción a las drogas como un asunto de salud pública.

Y fue más allá porque propuso crear, si el gobierno nacional se lo autorizaba, unos centros de consumo controlado de drogas. Pero esta temeridad de Petro estuvo acompañada de falta de claridad. Y de imprecisiones. Porque como bien lo dijo el procurador Ordoñez, no sabemos aún si esta iniciativa corresponde a una política de salud pública o a una política criminal.

El Alcalde justificó inicialmente la iniciativa como una estrategia para asfixiar el mercado ilegal de drogas en la Capital. Y como un componente de las políticas de seguridad. Luego dijo que un consumo contralado ayudaría a disminuir el daño que las drogas producen en la salud del adicto. Y en estos días nos ha estado recordando las experiencias internacionales de centros de este tipo.

Pero Petro debería aplicar en este caso la principal virtud del marxismo: la ¨capacidad de contexto¨. ¨Análisis concreto de la realidad concreta¨ decía Lenin. Porque la propia Secretaría de Gobierno informa que mientras 70.000 bogotanos son adictos a la marihuana, 16.000 a la cocaína y 7.000 al bazuco. Y los heroinómanos, para los cuales se han creado en otras latitudes centros de consumo contralado, son prácticamente inexistentes en las estadísticas de Bogotá.

No hay que minimizar este debate. Son 100.000 bogotanos bajo las garras de la adicción a las drogas. Petro acierta al reiterar el tratamiento de salud pública a la adicción. Pero peca de temerario cuando importa acríticamente experiencias de consumo contralado que obedecen a otros contextos. Solo imaginar al Estado capitalino administrando controladamente el consumo de bazuco resulta por lo menos exótico.