Cartagena la heróica se vistió de blanco, como lo hizo toda Colombia al presenciar la firma del acuerdo que da fin al conflicto armado con las Farc; después de 52 años de confrontación sucedió lo que no imaginábamos que ocurriría en nuestro país.


Pese al entusiasmo que embarga a la gran mayoría de colombianos aún existe mucho escepticismo frente a lo que pueda suceder a futuro, pero eso no mina la esperanza que se respira en el ambiente por el significado de concluir el conflicto más antiguo del mundo occidental y desmovilizar la guerrilla más antigua del continente americano, nacida en el fragor de la guerra fría y sostenida incluso después de la caída del régimen soviético y el muro de Berlín.

Fueron 34 años de negociaciones, siete presidentes y nueve periodos presidenciales, eso nos tardamos en llegar a un acuerdo real firmado por las partes el 26 de septiembre de 2016, contra la incredulidad de un sector del país, pero mostrando las verdaderas bondades de la tan criticada reelección presidencial, sino hubiera existido el Santos II, difícilmente este proceso se hubiera concluido.

La terquedad y la tenacidad del Presidente Santos, que le apostó su capital político al esfuerzo de la paz, acompañado del sacrificio y la disciplina de los equipos negociadores; permitieron que la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera” se convirtiera en realidad.

Ya lo dijo Humberto De la Calle, este no es un acuerdo perfecto pero es el acuerdo posible, es el que se construyó con fundamento en la realidad de lo que puede suceder y realizarse, más no representa lo que hubieran deseado los negociadores de uno y otro bando. Se constituye en ese acuerdo sobre lo fundamental que tanto pregonó en vida Álvaro Gómez Hurtado.

La opinión ha centrado sus críticas a lo pactado frente a la representación política otorgada a las Farc cuando adelante su transición de grupo armado a movimiento político, le cuesta creer esa posibilidad; así como aún no acepta la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y su catálogo de sanciones fundamentalmente por la guerra de desinformación que ha existido al respecto, pero también por el entendimiento de que la única forma de sanción existente es la cárcel y por considerar que los integrantes de las Farc no son dignos de representarnos institucionalmente.

No le da tranquilidad a ese sector de opinión el hecho de que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya otorgado su aval a lo pactado al manifestar que el acuerdo se ajusta a lo establecido en los tratados internacionales en cuanto “excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma”.

Pero aquellos que andan preocupados por los temas arriba mencionados olvidan que la clave de todo el acuerdo está en la implementación de los mismos y en los mecanismos de monitoreo y verificación pactados, así como el acompañamiento y supervisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas, acordado por el gobierno y las Farc.

De igual forma la declaración del fiscal Bensouda, según la cual la Corte Penal Internacional va a supervisar todo lo que corresponde a la implementación de la jurisdicción Especial para la Paz a fin de garantizar que las sanciones tengan correlación con los crímenes cometidos. Es decir que la tal impunidad no existe.

Sin embargo la atención está en el lugar equivocado, la paz no se va a conseguir así encarcelen a todos los integrantes de las Farc y no brindemos espacios políticos que les otorguen representación política; la clave de todo se encuentra en el punto uno del acuerdo en el cual el Estado colombiano deberá realizar las inversiones en el campo que no adelantó durante las pasadas cuatro décadas.

Es en el punto uno donde se encuentra la construcción de una paz estable y duradera, si Colombia no es capaz de sacar el campo del atraso en que se encuentra, ponerlo a tono con las realidades de inversión y productividad del siglo XXI; para hacer de nuestras tierras y del sector agropecuario un sector importante para la economía nacional, rentable para los campesinos y el sector agroindustrial permitiendo que convivan, compartan y se interrelacionen para que aprendan mutuamente de sus experiencias y conocimiento.

Si no se cumple lo pactado en el punto uno del acuerdo de La Habana, gran parte del esfuerzo realizado por el equipo negociador será inocuo porque más pronto que tarde otros se encontrarán reclamando la inversión que se le ha negado históricamente al sector rural. De nuevo la calentura no está en las sabanas.

Es hora que hagamos justicia con el campo colombiano, con los campesinos y con los inversionistas agrícolas que le han apostado al mismo.