El afán y la irresponsabilidad de los partidos políticos que los llevó a feriar los avales tienen hoy en ‘cuidados intensivos’ a la democracia del país, más cuando irresponsablemente y por hacer alusión al buen nombre, a la pulcritud y a la transparencia, algunos presidentes de partidos y movimientos quitaron alrededor de 1700 avales en el país.


El problema comenzó justo cuando esos ciudadanos, a quienes se les negó el aval, iniciaron una maratónica carrera para limpiar su nombre y como consecuencia de ello emprendieron acciones legales para reclamar lo que algún día se les dio.

La sorpresiva decisión no estaba en cuentas de nadie, más cuando apenas faltaba un día para cumplir la fecha de modificación de listas e inscripciones, es decir, el 18 de agosto pasado.

Los partidos y movimientos políticos argumentan que cada uno se reserva el derecho de admitir a aquellos candidatos que en el futuro inmediato podrían llevarlos a tener que afrontar un escándalo mediático, político y hasta judicial. Pero lo que no explicaron sus directores o representantes es por qué inicialmente expidieron esos avales y, más aún, por qué solo hasta faltando unas horas para el cierre se atrevieron a dar semejante noticia.

De este garrafal error, seguramente se desprenderán demandas de diferente índole, teniendo en cuenta que fueron los mismos representantes legales de los partidos quienes dieron los avales en discusión. Es cierto que la ley faculta a que el proceso de selección interna de los candidatos corresponde a la autonomía interna de los partidos y movimientos políticos (Ley 996 -05, artículo 5), pero también es cierto que para quienes se les piensa quitar el aval y retirar la respectiva inscripción, la figura de ‘Connivencia política’ no existe en la norma.

No quiero utilizar nombres ni mencionar candidatos por respeto a todas las campañas, pero lo que sí me atrevo a afirmar es que la decisión de retirarles el aval a cerca de 1.700 ciudadanos colombianos puede terminar metiendo en problemas legales a los partidos y a sus representantes legales.

No entiendo por qué, bajo la figura de autonomía, los partidos se burlan de esa manera de los colombianos que han visto en la democracia un camino para enriquecer esta figura y ayudar a engrosar los límites del poder, representado- sobre todo- en el ejecutivo y en los órganos de control político. Y con esto no quiero decir que todos aquellos que tienen en vilo su aval sean pulcros y tengan manos de ‘santos’, eso se lo dejo a la justicia. Lo que quiero decir es que no hay derecho a que los partidos se burlen así de esas personas en quienes ellos mismos confiaron al entregarles un aval.

El problema ahora es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, porque seguramente de su contenido dependerán que sigan en marcha o no las demandas y quejas presentadas por quienes se vieron afectados, pero más de aquel grupo de nueve personas que están siendo relegadas bajo la denominada ‘conveniencia política’, una figura que sólo existe en la imaginación de algunos directores de partidos, como Carlos Fernando Galán para el caso específico de Cambio Radical.

Ojalá este escándalo sirva para que en adelante los partidos se pongan serios y antes de otorgar un aval analicen muy bien al aspirante al mismo, para que no se juegue posteriormente al ‘quite y ponga’ y descaradamente se enlode la credibilidad de muchos colombianos.

No me atrevería a decir qué va a pasar, porque la política de este país se mueve bajo intereses y ambiciones de todo tipo, incluyendo los ajustes de cuentas personales entre personajes que dicen representar la democracia.

No es secreto que esta equivocación política salpica al municipio de Soacha, a un candidato en especial, y sin saber el concepto final del Consejo Nacional Electoral, me atrevería a instar a los ciudadanos aptos e inscritos para votar, que la mejor manera de rechazar las equivocaciones de los ‘politiqueros’ y dizque figuras infalibles de los partidos, es votar a conciencia por candidatos que merezcan nuestra confianza, que hayan demostrado honestidad y tengan la capacidad de representar a todo un electorado que afanosamente busca una cabeza visible que gerencie al municipio con argumentos y decida con inteligencia a la hora de enfentar situaciones adversas que atenten directamente contra la democracia.