La gestión proactiva de amenazas, un nuevo enfoque en la agenda pública en América Latina

Por John Hernández Méndez

La expansión del Covid-19 ha generado una crisis de salud pública mundial, y en medio de ella, se han reafirmado ideas clave que definirán la discusión de políticas públicas en la próxima década en América Latina; la inversión en investigación científica, la coordinación regional de problemáticas de alto impacto mundial, la inversión estatal en modelos de atención en salud pública o la atención social a población vulnerable, entre otras. Sin embargo, poco se habla respecto a la importancia de invertir en la prevención del riesgo de emergencias y desastres.

Es comprensible, en medio de las imágenes desoladas de ciudades latinoamericanas, cuando no de filas de personas pobres reclamando subsidios públicos o, en el peor de los casos, atendiendo a sus familiares convalecientes en difíciles condiciones, no es fácil pensar en la gestión proactiva del riesgo de desastres. Pero no por ello, los tomadores de decisión que hoy enfrentan este reto deben abandonar la perspectiva del mediano o el largo plazo. El próximo cataclismo biológico, químico e incluso radioactivo, pueden estar a la vuelta de la esquina y con él, el riesgo de pérdidas de vidas humanas y de graves impactos en la economía y el desarrollo de nuestras naciones.

Bajo un enfoque de contención del terrorismo, una década atrás se iniciaron en América Latina tímidos acercamientos a la prevención de desastres. Ello ha permitido algunos avances; la preparación de personal especializado en cuerpos profesionales militares y algunos civiles, la discusión en entornos académicos e incluso pequeñas compras de equipos. Sin embargo, emergencias sanitarias como la actual nos deben llevar a un punto de no retorno: se debe convencer a nuestros líderes políticos de la importancia de invertir en equipos, formación y preparación estratégica ante este tipo de contingencias.

Uno de los déficits más importantes que existen en la región está relacionado con la ausencia de equipamientos de respuesta efectiva. No se cuenta con descontaminantes de superficies, vehículos o personas, ni tampoco con laboratorios móviles para el análisis de sustancias (biológicas, químicas o nucleares) o vehículos de identificación y reconocimiento, sin lo cual la operación de descontaminación o atención de una emergencia se alargará en el tiempo. Y ya hoy sabemos que en una emergencia, el tiempo corre en contra de la salud y la vida humana.

Pensemos en el reciente caso de ciudades capitales en América Latina, en donde ante la ausencia de estrategias de prevención de desastres como la expansión biológica del Covid-19, ha quedado en evidencia la ausencia de equipos y procedimientos de descontaminación cualificados, utilizando entonces equipos inapropiados como mezcladoras o camiones cisterna en los que se mezclan indistintamente agua, cloro y otros productos químicos no apropiados para la desinfección de áreas vitales como: hospitales, parques para niños o espacios de alta aglomeración. A la larga, se terminarán desperdiciando miles o millones de galones de agua con sustancias químicas que contaminaran los cuerpos y reservorios de agua que después consumiremos.

Sin duda alguna, los adelantos más importantes en la región se encuentran en Brasil, en donde se viene haciendo un esfuerzo fiscal importante para contar con personal capacitado para atender este tipo de emergencias, y aun así, hay retos importantes. Falta ver si países como Colombia, con un muy alto porcentaje de sus municipios ubicados en zonas de alto y medio impacto sísmico, o con una alta dispersión de sus industrias químicas ubicadas en áreas residenciales, asumen un esquema que valore el entorno de vulnerabilidad y las amenazas existentes, con miras a una adecuada atención del riesgo.

Cuando se trata de la salud y la vida humana es mejor tener un enfoque público proactivo y no reactivo, y esta pandemia nos lo está enseñando. La prevención del riesgo de desastres debe ser planificada, desarrollada y evaluada en simulacros y en tiempo real, con miras a reducir el impacto socioeconómico de su ocurrencia. En una emergencia, la demora dificulta las posibilidades de salvar vidas, y como dirá el viejo adagio popular “Es mejor estar preparado para un evento aunque tal vez nunca ocurra a que suceda una emergencia para la cual no estamos preparados”.

Los líderes políticos no pueden seguir operando con un enfoque reactivo. En la anticipación planificada radica la proactividad. Así por ejemplo, se deberá trabajar en integrar las capacidades de las entidades que ya tienen unidades organizadas, con personal capacitado y entrenado, dotándolas con equipamiento y sistemas con respaldo científico para atender emergencias.

Como recordara hace algunos años Jordan Ryan, para entonces Subsecretario General y Director de la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD, “… la reducción del riesgo de desastres debe estar en el propio centro del desarrollo. Cada dólar invertido en reducir al mínimo el riesgo ahorra unos siete dólares en pérdidas económicas como consecuencia de los desastres”.

CR. (Ra)  John Hernández Méndez

Ingeniero Civil, Profesional en Ciencias Militares, Especialista en Administración de Recursos Civiles y Militares, Especialista en Seguridad y Defensa, Magister en Gestión del Riesgo y Desarrollo. Capacitado para desarrollar estrategias de Defensa y Seguridad Nacional articuladas con el ambiente geopolítico a nivel regional y mundial, de la misma manera desarrollo de estrategias para administrar de manera efectiva los recursos operativos y de funcionamiento. Actualmente se desempeña como Director General de la multinacional Cristanini, compañía dedicada a desarrollar equipos y sistemas CBRN o NBQRE con certificación OTAN.

Director General Cristanini para América.

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp