Desde hace aproximadamente dos meses los vecinos del barrio Tequendama en la comuna dos de Soacha, conviven con una especie de ‘reclusorio’ de menores que fue instalado por el I.C.B.F con el fin de internar en él a los niños, niñas y adolescentes remitidos por los defensores de familia de los 13 centros zonales de dicha entidad en Cundinamarca.


erika-2.jpgEl ‘Centro de Emergencia’ no dejaría de ser una dependencia más del ICBF, de no ser por las denuncias que han hecho los residentes del barrio, las cuales indican que al lugar llegan con frecuencia menores de edad de ambos sexos, entre los 5 y los 15 años de edad, los cuales son mezclados en un mismo espacio sin tener posibilidades de disfrutar de zonas para la recreación y el deporte. A lo anterior se suman los continuos desórdenes y amotinamientos protagonizados por los niños que habitan en el establecimiento y el aparente hacinamiento en el que se encuentran.museo-1.jpg

“Los niños se asoman a cualquier hora del día o de la noche por las ventanas como si estuvieran presos y piden que les regalen comida y les compren cigarrillos. En reiteradas ocasiones estos muchachos han protagonizado severos disturbios, con las tablas de las camas rompen los vidrios y los trozos que caen al suelo los utilizan para armarse y así amenazar a los celadores y a las profesoras tomando control del centro. Esto ha pasado ya 10 veces y las diez veces ha ido la Policía pero no se ha hecho mayor cosa. Le mostré al coronel Murillo (comandante del distrito de Policía de Soacha) a través de un video cómo a los niños les pasaban sustancias alucinógenas y simplemente se limitó a responder que no podía hacer nada, porque eso lo controla bienestar familiar. Me pregunto entonces, ¿cómo no puede hacer nada si estos hechos son problemas de orden público?”, así lo indica Henry Sosa, abogado y residente del barrio Tequendama, quien se ha visto afectado de manera directa por esta problemática, pues su casa se ubica exactamente al lado del Centro de Emergencia.

Sosa hace alusión también a casos concretos presentados el pasado mes de abril que evidencian la problemática que denuncia, como el ocurrido el día 11 de ese mes cuando dos integrantes del centro se escaparon del lugar descendiendo por un poste donde se halla un transformador de energía de alta tensión, mismo día en el que en una especie de motín los otros niños rompieron la mayoría de los vidrios de la vivienda; o el ocurrido al día siguiente cuando otro muchacho escapó descendiendo por el mismo poste en el que la noche anterior sus compañeros hicieron lo mismo. Tales hechos motivaron a Sosa a interponer una Acción de Tutela ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soacha contra el centro zonal del ICBF en el municipio, donde se exige el traslado de los menores a un establecimiento apropiado para ellos en el que puedan recibir “un trato digno y se incluyan los derechos a la recreación, el deporte, la educación y la salud”.

“Es increíble que una entidad que está a cargo de la protección de los niños como el ICBF, los someta a este tipo de hacinamiento y falta de programas especiales, encerrándolos en una ‘casa cárcel’ sin ningún tipo de protección’ ”, dice uno de los apartes de la Tutela interpuesta por Sosa.

Los alcances del fallo:

Sin embargo y a pesar de las pruebas y los argumentado presentados por el abogado y los demás vecinos del barrio, el Juez falló a favor del ICBF y la Fundación Nueva Vida (entidad encargada de operar el Centro de emergencia, gracias a un contrato de prestación de servicios suscrito entre esta y la regional Cundinamarca del ICBF).

Luego de una visita realizada al lugar, el juez decidió no ordenar el traslado de los niños, niñas y adolescentes que son atendidos por la Fundación Nueva Vida, argumentando que aunque no se cuenta con espacios para la recreación, existen espacios de esparcimiento como salas y comedores para la realización de actividades lúdicas. Por otro lado, agrega que la actuación del Centro de Emergencia se hace indispensable debido al inminente peligro que se presume sobre la integridad física y moral de los niños allí recluidos, por cuanto “se realizó la protección inmediata de sus derechos”. Dice además que no se observan condiciones de hacinamiento, y el aseo y la organización del sitio son óptimos. Resalta que el centro es una medida provisional y no de larga estadía, pues cada niño dura ahí máximo 10 días y agrega que el personal que trabaja en el centro consta de una trabajadora social, una psicóloga y dos profesores.

Ante esta sentencia hubo una apelación para esperar el fallo de segunda instancia, pero el Juzgado de Familia de Soacha confirmó la decisión del juez de primera instancia emitida el pasado 23 de abril.

Periodismopublico.com buscó dialogar con Jorge Enrique Morales, coordinador del ICBF – zona Soacha, pero este se encuentra actualmente en vacaciones. Sin embargo conoció la versión dada por esta institución al juez, la cual está contenida en el fallo de segunda instancia: “es cierto que no tienen espacios amplios para la recreación, pero cuenta con una sala de mediano tamaño para actividades lúdicas y juegos de mesa. No se encuentran en condiciones de hacinamiento, ni mezclados por edades, cuentan con un profesor de educación física, un coordinador con experiencia en el manejo de niños, niñas y adolescentes, un odontólogo, una psicóloga, dos educadores y una trabajadora social. Es ‘parcialmente’ cierto que tres menores se escaparon del centro, pero se informó a la Policía Nacional a través de la trabajadora social, no es cierta la manera como lo hicieron ni que hayan roto los vidrios de la vivienda, que permanezcan solos o que griten obscenidades o hagan ruido de manera frecuente”.

¿Qué dicen los afectados?:

“A veces se presentan muchos inconvenientes porque los niños se rebelan, rompen los vidrios y se tratan mal entre ellos mismos. Es muy grave y sentimos un gran pesar por ellos, pues ese lugar no es apto para que ellos estén ahí, los niños pequeños están mezclados con los adolescentes, las niñas con los niños, etc. La policía dice que no puede hacer nada a pesar de que se acerca gente desconocida a entregarles ‘paquetes sospechosos’ que para nadie es un secreto saber que contienen”, afirma Rosa Salazar, residente del barrio Tequendama.

“Se han presentado varios disturbios, amotinamientos y mucha inseguridad a causa de las pandillas que se acercan a ese lugar a ‘visitar’ a los niños. Les pasan droga y cualquier tipo de sustancias con sábanas, se presentan grescas en horas de la noche y la policía se limita a venir y encerrar nuevamente a los muchachos, pero no dan una solución de verdad, ¿qué tipo de rehabilitación puede haber bajo esas circunstancias?”, dijo Carlos Molina, vecino del sector.

Aunque en el argumento presentado al juez se desmiente la versión de los residentes de la zona, este medio pudo comprobar las declaraciones hechas por los residentes del barrio. Precisamente el día que se visitó el lugar, dos trabajadores se encontraban realizando reparaciones en la ventanas de la edificación. En ese momento se intentó la versión de Tatiana Gómez, funcionaria de la Fundación Nueva Vida y coordinadora del Centro de Emergencias, pero esta se negó a dar declaraciones.