Los pobres argumentos expuestos anoche por representantes del grupo Construmax en relación al abuso que vienen cometiendo con los habitantes del conjunto residencial Portal de Tierrablanca, fueron suficientes para que la Secretaría de Planeación interpusiera una fuerte sanción a esta constructora en un debate donde se hicieron duros cuestionamientos sobre la calidad de la vivienda que se está construyendo en Soacha.


Gracias a una acción de tutela interpuesta por habitantes de Portal de Tierrablanca, se desarrolló este debate que curiosamente estaba previsto que se efectuara en el salón comunal de Portal de Tierrablanca, pero en vista de que este aún no está construido, optó por hacerse en las instalaciones del Concejo Municipal. Allí, la comunidad, representantes de la constructora, uno de los curadores urbanos que dio las licencias de construcción, los secretarios de planeación, infraestructura y salud, el personero y los cabildantes, se hicieron presentes para debatir sobre este importante tema.

Y es que los residentes del conjunto residencial manifestaron que el agua se recibe en carrotanques que no contienen las normas mínimas de salubridad, por lo que varios niños se han enfermado de manera continua. De igual manera algunas viviendas se han comenzado a agrietar debido a la calidad de las mismas; adicionalmente, la inseguridad en el sector no es la apropiada debido a la falta de iluminación en las zonas comunes y aledañas, y como si fuera poco, algunos habitantes aseguran haber perdido el subsidio familiar que el Estado brinda a través de las cajas de compensación, debido al vencimiento de la tercera prórroga que solicitan para poder entregar el certificado de habitabilidad que se les exige.

Para dar las respectivas explicaciones sobre las problemáticas, el gerente de Construmax, Pedro Jiménez, reconoció que si bien se han presentado retrasos en la entrega de los contadores del agua y de la energía, la constructora ha cumplido con los requisitos para edificar y vender viviendas, por lo que se espera que en el mes de septiembre se puedan entregar en su totalidad para así garantizar de una mejor manera el suministro de estos servicios públicos. Por otra parte señaló que la última prórroga para que los usuarios reciban el subsidio familiar se vence en el 2015, por lo tanto apenas se entreguen los medidores de agua y luz se procederá a tramitar el certificado de habitabilidad para que los residentes no pierdan este beneficio económico.

Sin embargo, estos argumentos no convencieron a concejales como Martín Peñuela, Dagoberto Durán y Diógenes Escalante, quienes cuestionaron además a la curaduría urbana por haber entregado las licencias de construcción a Construmax sin que esta garantizara la disponibilidad de los servicios públicos. Además calificaron como reprobable el actuar de la constructora al hacer firmar a los propietarios de las viviendas un pagaré para poder subsanar el valor de los subsidios en caso de que se pierdan.

Martín Peñuela, quien es el ponente del proyecto de acuerdo de suspensión de licencias de construcción de vivienda de interés social y prioritario en Soacha, señaló que es inaudita la falta de planificación de las administraciones municipales al otorgar licencias “a diestra y siniestra”, a tal punto que ya han llegado más de 100.000 personas a habitar a Soacha, lo que significa apenas un 15% de las personas presupuestadas para hacerlo. Por otro lado, recalcó que en el municipio ya se vive una emergencia educativa, hospitalaria y de movilidad, dado que no hay cupos en los colegios, el Hospital Mario Gaitán Yanguas cuenta con apenas 67 camas para los pacientes y la Autopista sur ya colapsó de tal manera que una persona se puede tardar de tres a cuatro horas para llegar a su trabajo o sitio de estudio.

“Quiero comentarle a la comunidad que el proyecto ya tuvo eco en el ámbito nacional, el martes estuvimos en la Procuraduría general de la nación donde prácticamente nos están metiendo terror a la corporación diciéndonos que si aprobamos el proyecto de acuerdo estaríamos cometiendo una extralimitación de funciones; yo creo que más que eso es una deuda social que tiene el gobierno nacional con el municipio y el Concejo en pleno, aquí no es José Martín Peñuela sino somos los 19 concejales que estamos apoyando. Así que me pregunto: Si la procuraduría está preocupada porque cometemos una extralimitación de funciones, ¿porque no lo hizo cuando otorgaron mal las licencias de construcción?”, dijo el cabildante.

Así mismo, manifestó que de acuerdo al decreto 4065 debe acreditase el pago de la plusvalía al municipio; pese a ello, afirmó que cuenta con un documento de la secretaría de hacienda donde se prueba que a Soacha no le ha entrado un solo centavo por este concepto, por lo que expuso el caso de la constructora Amarilo que se jacta en decir que está construyendo la Avenida Terreros cuando en realidad está utilizando el dinero con el que se debe pagar el impuesto a la plusvalía para tal fin.

“Cómo es posible que antes de irse José Ernesto Martínez, en el año 2011 firmó un decreto o un acuerdo de voluntades entre la constructora Amarilo, Ciudad Verde y el municipio donde hicieron un avalúo en el que un metro cuadrado en Ciudad Verde vale $20.000 y un metro cuadrado en Cazucá vale $40.000. Lo acordaron con el fin de liquidar el pago del impuesto de plusvalía sobre ese valor, es algo irrisorio donde se comprometieron que a la fecha ya tendrían que haber entregado más de 11 mil millones de pesos a las arcas del municipio y hasta el momento no ha ingresado un solo centavo” , puntualizó Peñuela.

Habla el secretario de planeación

Orlando Ramírez, Secretario de Planeación y quien fue llamado también a responder por esta situación, manifestó durante su intervención que el caso de portal de Tierrablanca es similar al de Maiporé, en donde también hubo que hacerse un debate para clarificar la situación de negligencia y desatención de la constructora hacia la comunidad; en esa ocasión también se realizó control político referente a las licencias de construcción por parte del concejo municipal.

“Uno de los temas que abordamos hoy es que Construmax se está comprometiendo a entregar todo en el mes de septiembre, pero lo que vamos a hacer es tomar una acción preventiva donde no van a poder ejercer la venta de vivienda hasta tanto no se garantice la prestación de los servicios públicos domiciliarios legalmente constituidos y no a través de carrotanques como se viene haciendo, que cada unidad cuente con su medidor de servicios públicos y que se dé la construcción total del proyecto urbanístico; una vez se cumplan con estos requerimientos, la Secretaría de Planeación levantará estas sanciones y ellos podrán seguir desarrollando su proyecto como estaba planteado”, explicó Ramírez.

También añadió que el próximo viernes se realizará una visita de control en la que se tomarán las decisiones para hacer la resolución del acto administrativo de suspensión de venta de vivienda, siendo este el cuarto proyecto al que se le aplica este tipo de sanción, por lo que hizo un llamado de atención a las constructoras para que “no le tomen del pelo” a la administración municipal en cuanto a la fecha de entrega de viviendas, de parques y zonas comunes que se acuerdan previamente, advirtiendo que quienes incumplan con los requisitos serán sancionados.

Reacciones al debate

“El balance es que el Concejo le sigue cumpliendo a la comunidad, estamos golpeando todas las puertas a las que haya lugar y las que sean necesarias para que la comunidad sea escuchada y se le dé una solución por fin a la problemática que hay en el conjunto Tierrablanca. Tuvimos unas respuestas de la constructora que a mi modo de ver no fueron respetuosas con lo que esperaba la comunidad y el Concejo, fueron vanas y en algún momento se me hacen llegar unos documentos que no son claros ni reales”, expresó La Presidente del Concejo Municipal, Soraya Escobar.

Adicionalmente, Escobar mostró su complacencia por la actuación de la Secretaría de Planeación, indicando que ya era justo a pesar de que el Secretario se demoró en hacer público este tipo de sanciones. No obstante reiteró su apoyo al declarar que si se trabaja en equipo, se pueden lograr grandes cosas para una Soacha que realmente lo necesita. Finamente, hay que decir que el concejo dio un plazo máximo de cinco días para que Construmax entregue los documentos completos y concisos, adicional a eso se nombró una comisión para que en el mes de octubre verifique los adelantos relevantes a esta sesión.

Se expresa la comunidad

“Este conjunto lleva cinco años y la verdad está hecho un desastre completo, el ingreso es pésimo y cuando llueve es un lago completo, nos están cobrando administración pero eso de administración no tiene nada. A mí me vendieron como conjunto abierto y no como conjunto cerrado, a pesar de eso la inseguridad es terrible porque a las personas que llegamos tarde a la casa nos atracan”, dijo Alberto López, habitante de Portal de Tierrablanca.

“La constructora no nos pone la cara y nos dice que todo es por escrito, lo que dijo el gerente no me convenció para nada porque son muchos los problemas que se han presentado con los residentes, en cambio me parece muy bueno que la Administración municipal y el Concejo pongan un límite a estas constructoras que no cumplen con los requisitos exigidos”, concluyó Rubiela Cristancho, asistente al debate.