Las demandas que podrían quebrar a Colombia
Entre los más de 260 mil procesos judiciales actualmente abiertos en contra del Estado colombiano no resulta difícil encontrar algunos insólitos.
Ahí está, por ejemplo, la demanda por 10 millones de pesos interpuesta por el que parece haber sido el único ciudadano –de entre un padrón electoral de más de 28 millones– en haber sufrido lesiones por causa de la tinta indeleble que se emplea durante los comicios.
O, en el otro extremo, los 594.237.486.233.750 pesos reclamados por una familia que, en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, «dicen ser dueños de la mitad del departamento de Antioquia».
El asunto, sin embargo, está lejos de ser una broma.
Todas sumadas, las pretensiones económicas de las actuales demandas en contra del Estado colombiano ya superan los 1.028 billones de pesos , casi el doble del Producto Interno Bruto del país.
Y según los cálculos del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, eso significa que «si se perdieran las demandas que cursan actualmente contra la nación, cada colombiano tendría que pagar 22 millones de pesos». Suficiente, según el presidente Juan Manuel Santos, para quebrar al país.
¿Y el conflicto?
El tema es particularmente sensible porque el reconocimiento del conflicto, y su misma delimitación, pasa por el reconocimiento de las víctimas.
De ahí que casos como el de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán -le acarreó a Colombia una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó además el pago de millonarias indemnizaciones a los familiares de 46 personas identificadas como víctimas de la matanza- reciban mucha más atención que, por ejemplo, las igualmente millonarias indemnizaciones vinculadas al rompimiento de contratos de infraestructura.
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Las cifras manejadas por el ministerio de Justicia, sin embargo, parecen sugerir que la mayoría de las demandas en contra del Estado colombiano no tienen su origen en el conflicto armado.
Según datos del Sistema Único de Procesos Judiciales de la Nación, Litigob, a diciembre de 2011 sólo tres de cada diez de esas demandas se correspondían al sector «defensa nacional y seguridad», mientras que «protección social» acumulaba casi la mitad de los procesos.
Además, siempre según el Litgob, el grueso de las demandas tiene que ver con disputas laborales.
Mientras que, en lo que a cuantía se refiere, la palma se la lleva el Ministerio de Agricultura e instancias asociadas, que acumulan demandas por más de US$470.000 millones, en buena medida gracias a la famosa reclamación por 1.926 kilómetros cuadrados de tierras en el oriente antioqueño mencionada con anterioridad.
La respuesta
El ministro Esguerra, sin embargo, reconoce que la información que existe actualmente sobre las demandas en contra del Estado colombiano «ni es completa, ni es absolutamente confiable».
Y por experiencia sabe que las demandas en contra del Estado colombiano son «de distintísima naturaleza y de distintísimo origen».
Por eso, llenar ese vacío de información será una de las tareas de la recién creada Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, anunciada por el presidente Santos en noviembre pasado.
La Agencia, que aún no ha comenzado a operar, también será la encargada de coordinar la respuesta de un estado que, según un análisis preliminar, pierde más del 70% de las demandas en su contra, comparado con el 23,5% en el caso de Chile o el 55,2% en el caso de Brasil.
El reto es formidable. Y más cuando Colombia acaba de iniciar el complejo proceso de reparación a las víctimas de su conflicto interno.
«Pero no se trata de que el Estado no vaya a asumir las consecuencias ni responsabilidades que correspondan a sus actuaciones u omisiones antijurídicas», le aseguró Esguerra a BBC Mundo.
«Se trata de lograr un equilibrio que es muy difícil de lograr, de modo que haya justicia, haya reparación, haya restitución pero que no haya abusos».
«Aunque eso es mas fácil de decir que de poner en práctica», admitió.
Fuente: Arturo Walace BBC
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