Lecheros de Soacha se resisten a dejar de comercializar el producto crudo

Ante la insistencia del gobierno nacional de eliminar la comercialización de la leche cruda en el país, establecida en los decretos 616 del 28 de febrero de 2006 y 2838 del 24 de agosto de 2008, los lecheros de Soacha se organizaron en una asociación para hacer frente a la medida.


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La Asociación de Lecheros de Soacha ALSO, constituida el 17 de noviembre de 2008, viene trabajando con el fin de unir a todos los productores y comercializadores del municipio en torno a defender el gremio y unir fuerzas con otras organizaciones similares existentes en el país.

El decreto 616 de febrero de 2006 del Ministerio de Protección Social, prohibió comercializar la leche cruda, argumentando que este producto es considerado el alimento de mayor riesgo en salud pública y, por lo tanto, debe estar sometido a rigurosas medidas de higiene.

Pero los lecheros consideran que la decisión, tomada sin evidencia de que ocasione daño a las personas, afecta la actividad económica de centenares de miles de familias campesinas que se dedican a la producción láctea –la del sector que enfría y comercializa el producto, la de la industria de derivados que la requiere para elaborar quesos y yogur, entre otros– y a millones de hogares que adquieren así este alimento básico a precios accesibles.

La medida contiene bastantes requerimientos y resulta imposible de cumplir para quienes componen la cadena láctea y, en particular, para la mediana y pequeña empresa industrial urbana y rural, por no contar con la tecnología ni los recursos requeridos. Aun así, en agosto de 2006, con el Decreto 2838, el gobierno fijó un plazo de dos años para hacer la “reconversión”, plazo que a la fecha no ha sido posible acatar, no sólo por las grandes exigencias económicas, sino porque además en la práctica, dicha “reconversión” conduce a la extinción de productores, enfriadores, industrias y comercializadores de leche cruda.

El gremio dice que la medida golpea directamente a la ganadería y arruinará a centenares de miles de pequeños y medianos productores, cuya leche ya no será comprada por las grandes pasteurizadoras y será reemplazada por importaciones de leche en polvo y lacto-sueros, tal como lo estipula el TLC suscrito con Estados Unidos y la Unión Europea.

No hay duda que los decretos y la campaña de deshonra contra la leche cruda benefician a la gran industria lechera, especialmente las multinacionales, las cuales consolidarán un oligopolio dominante tanto sobre quienes ofrecen como sobre quienes demandan los lácteos. Dicha posición se tornará irreversible en el marco de los tratados de libre comercio.

Pero ante la insistencia y lucha del gremio lechero, el gobierno nacional amplió hasta cuatro años y medio, el plazo para que comience a regir la prohibición de la comercialización de leche cruda en Colombia, ya que la medida estaba prevista para entrar en vigencia el 24 de agosto de 2008.

Los nuevos plazos se establecieron según la población de los municipios: Para los de más de 500 mil habitantes tendrán un plazo total para la culminación de los planes de reconversión de dos años y medio, en las poblaciones con menos de 30 mil habitantes, este plazo será hasta de cuatro años y medio.

Los lecheros de Soacha

Para el caso del municipio de Soacha, si se tiene en cuenta la población real, el plazo terminaría el 24 de febrero próximo. Pero lo delicado es que los lecheros agremiados en ALSO consideran que si se les prohíbe la comercialización del producto crudo, prácticamente sería la desaparición para ellos.

Enrique Escobar, presidente de ALSO, dijo que la iniciativa de crear la asociación nació precisamente del afán del sector lechero de organizarse para combatir los decretos del gobierno que piensan restringir el comercio y transporte de leche entera, como la llaman ellos.

“La principal meta nuestra es la derogatoria de los decretos, y el estar asociados nos da la posibilidad de conectarnos con otras agremiaciones porque el problema es a nivel nacional; por ejemplo estamos conectados con un grupo de lecheros que conforman un Comité regional de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, y el pasado 24 de noviembre asistimos al Congreso Nacional de la Cadena Láctea en Bogotá”, agregó Escobar.

Entre tanto Ovelio Jiménez, secretario de la Asociación, explicó los alcances del Congreso y las conclusiones a las que llegaron. “Allí se discutió sobre este problema y lo que el gobierno quiere hacer. La mayoría de delegados llegamos a la misma conclusión al manifestar que si se acaba con la leche en los hatos, la medida estaría dejando a mucho campesino sin nada, porque desde que comenzó la apertura económica, productos como la cebada, el trigo y el maíz se han venido acabando debido a que las importaciones arruinaron a los productores; eso condujo al incremento de los hatos lecheros y ahora el gobierno los quiere acabar”.

Mario Cangrejo, habitante de la vereda Alto de Rosas del municipio de Granada y distribuidor de leche cruda en el municipio de Soacha, aseguró que si el gobierno decide imponer la medida, sería el mismo Estado el culpable de dejar tanta gente en la calle. “Eso sería como dejarnos sin el pan diario, porque en mi caso toda mi familia depende de este negocio. De dónde sacaría para el mercado, para los servicios, para el vestido y el estudio de mis hijos, eso sería como el suicidio para muchas familias del municipio y el país”.

Para Enrique Escobar, la medida afectaría no sólo a los lecheros y consumidores, sino para el caso del municipio se vería seriamente perjudicado el gremio de las almojábanas, garullas y postres, debido a que estos productos se hacen con leche cruda.

En Colombia se venden cada año unos 720 millones de litros de leche cruda. Este comercio, que según el gremio, puede involucrar a cerca de seis millones de personas, según la pretensión del gobierno, debe dejar de existir.

«La gente sabe que tiene que hervir la leche. Las bacterias se mueren a los 65 grados. Eso nos dijeron en un curso de manipulación de alimentos, entonces cuál es el problema», dijo William Díaz, campesino del corregimiento uno de Soacha.

No existen datos exactos de cuántas personas resultan afectadas por el decreto. Según la Asociación de Pequeños Ganaderos, Enfriadores y Vendedores de Leche en Cantina y sus Derivados, únicamente en Bogotá hay más de cinco mil jarreadores, además de los dueños de tanques de enfriamiento y de otros comerciantes de leche que les venden a los fabricantes artesanales de productos como queso, almojábanas, arequipe y yogur.

Los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá indican, sin embargo, que en Bogotá hay unas 4.135 personas dedicadas al transporte, enfriamiento y distribución de unos 80 mil litros diarios de leche cruda.
Para el caso de Soacha, inicialmente se asociaron a ALSO 37 personas, aunque ahora sólo hay 22, pero son numerosas las familias que dependen de la comercialización de este producto, y de hacerse efectiva la intensión del gobierno nacional, todos ellos se sumarían a la cantidad de desempleados que hay en el municipio.

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