Uno de los aspectos clave de esta Ley es que arreglaría la desventaja que tienen los licores nacionales frente a los importados, dado que hoy se rigen por un solo gravamen específico, según el grado alcoholimétrico, de 297 pesos si es inferior a los 35 grados y de 487 pesos superior por botella de 750 centímetro cúbicos.


Con la aprobación, se establecería una combinación de un impuesto específico de 220 pesos por grado alcoholimétrico y un impuesto ad-valoren del 25 %, con lo cual se nivelan las cargas, pues los licores importados, que son más caros por ser de alta gama, pagarán proporcionalmente más de lo que venían pagando.

En lo aprobado quedó establecida una protección especial para el aguardiente producido en el país, de manera que los departamentos podrán restringir la entrada del mismo y podrán suspender hasta por seis años prorrogables de permisos para su introducción. Para los vinos el impuesto específico quedó en 150 pesos por grado alcoholimétrico y un impuesto ad-valoren del 20 %.

Lo que han señalado beneficia considerablemente a los departamentos pues aumentaría su recaudo de impuestos al consumo entre 18 % y el 20 %

Adicionalmente, se establece un IVA del 5 %, descontable para la industria nacional que incurre en el mismo por cuenta de la fabricación de los envases, las tapas, etiquetas y demás, no así para los licores importados, lo que beneficiaría directamente a la producción nacional.

Entre los aspectos más controvertidos del proyecto estaba lo concerniente al ejercicio de dicho monopolio, el cual además de tener el carácter de utilidad pública e interés social y cobija no sólo a la producción de licores, sino su comercialización y distribución, quedó consignado que los departamentos contratarán la distribución a través de licitación pública, lo cual le dará mayor transparencia a su adjudicación.

Fuente: Larepublica.co