Esta es una de las conclusiones luego de conocer el trabajo realizado por el Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) y la Escuela de Estudios de Género de la UN.


El trabajo, realizado por José Fernando Serrano, María Yaneth Pinilla, Marco Julián Martínez y Fidel Alejandro Ruiz, de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, contenido en el libro Panorama sobre derechos sexuales y reproductivos y política públicas en Colombia, forma parte de la investigación realizada por el CLAM, el cual busca definir la situación real sobre el tema en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia a partir de la legislación existente en los países.

Tras una recopilación de las normas establecidas a partir de la Constitución de 1991 y hasta el 2009, teniendo en cuenta las acciones de denuncia durante el mismo periodo, los autores logran establecer el panorama jurídico colombiano, que si bien es amplio a la hora de aplicarse a casos concretos, no funciona. “Por ejemplo, el caso de los medicamentos para el VIH, si a estas alturas hay gente que todavía tiene que estar demandando para cosas que se reglamentaron hace diez años, es porque el aparato legal no está funcionando”, explicó José Fernando Serrano, coautor del texto.

Según los autores, la salud en Colombia se ha visto como un servicio y no como un derecho, y por eso las personas han debido acudir a acciones legales para su cumplimiento: “De no ser por la acción de tutela, Colombia estaría mucho más atrasado en derechos sexuales. Lo bueno es que con estas medidas se logra visibilizar el tema como lo que es, un derecho”, advirtió Fidel Alejandro Ruiz Caicedo, docente de la UN.

Otra de las conclusiones de los autores destaca la manera en que se conciben los derechos sexuales, entre los que se incluyen temas como la interrupción voluntaria del embarazo, el VIH, la violencia de género y la orientación sexual, entre otros. “La gran mayoría de los derechos sexuales reproductivos están asociados a la salud sexual. Y cuando se han formulado las leyes, en gran medida se ha hecho como respuesta a una problema de salud y no a la garantía de un derecho”, explicó Serrano.

Los investigadores destacan que, aunque su labor no busca denunciar las problemáticas que se presentan en las normas colombianas referentes al tema, sí sirve como una guía de análisis para vislumbrar la realidad de la situación que, aunque parece clara y bien definida, no se aplica. “El problema está entre la formulación de la ley y el paso por un conjunto muy complejo de instituciones que no permite la implementación, sumado a la falta de conocimiento de los derechos por parte de los colombianos”, resaltó Ruiz.

Fuente: Unimedios