Llamado a la gobernanza ambiental en Suacha
Por: Julio César Guasca y Andrés Jiménez
El enfoque necesario para abordar el Cambio Climático
Frente a las medidas preventivas que tomó el gobierno nacional respecto al fenómeno del Niño, y de las cuales ya se ha hecho referencia, es necesario construir una agenda política cuyo eje central sea elaborar un plan de contención contra el cambio climático y un proceso de preservación y restauración ambiental.
Lamentablemente, dentro de la perspectiva tecnocrática y en muchas ocasiones de indiferencia de la mayoría de los gobernantes, este asunto queda relegado a un tercer plano, implementando estrategias poco eficaces como la siembra de árboles, la separación de residuos en la fuente y una que otra jornada sin carro y moto. Con lo anterior no se pretende decir que sean medidas insignificantes, pero son poco eficaces respecto a una agenda política que verdaderamente se preocupe por la dimensión ambiental.
Es así como el grueso de la sociedad debe estar no solo al tanto de las problemáticas ambientales que afecten su entorno, sino que también sea partícipe en la toma de decisiones, procurando elaborar propuestas en las que todos se vean incluidos (gobernantes y comunidad en general), propuestas que estén enmarcadas dentro de la perspectiva del pensamiento complejo, para de esta manera integrar una gran cantidad de variables. No obstante, en la visión instrumental y ante todo lucrativa de los políticos, esto ni se contempla, puesto que para ello tienen secretarios de medio ambiente, quienes se suponen están capacitados para atender todos estos requerimientos.
La crisis que vive el país hoy debe ser una gran alerta para que la sociedad en general tome conciencia de todos los elementos que integran la riqueza natural que tiene la nación, pero ante todo de los graves riesgos ecológicos que se ciernen sobre ella. La sociedad debe exigir a sus gobernantes que dispongan escenarios de diálogo, pero ante todo de acción para la elaboración de políticas contundentes que procuren una gobernanza desde lo ecológico. Esto ya no puede quedarse únicamente en actividades protocolarias en las que apenas se le consulte a la comunidad sobre sus problemas, sino integrarla en el grueso de las soluciones, entendiendo que las comunidades también pueden proponer alternativas, así estas no se presenten de una forma técnica y en un lenguaje sumamente formal como muchos de los gobernantes y funcionarios pretenden.
Los incendios que arrasan extensas zonas a lo largo y ancho del país, las sequías que son inminentes y el aumento atípico de las temperaturas, deben servir como un campanazo para que la sociedad tome conciencia, promoviendo una mayor sensibilidad sobre la responsabilidad que tiene en salvaguardar la naturaleza. No obstante, también parte de esa responsabilidad recae en los políticos, quienes deben construir planes y proyectos que procuren la protección de todos los recursos y elementos naturales.
En ese propósito, a pesar de los tímidos avances, hay precedentes en al marco de lo nacional e internacional y para sustentar dichas políticas ambientales, solo se necesita de la voluntad colectiva para abordarlas y aplicarlas; acuerdos, protocolos, convenios y en última instancia los ODS, son insumos para el desarrollo de horizontes normativos ambientales. Todo esto debería ser una carta de navegación para configurar una gobernanza ambiental con plena integración de la sociedad.
Augusto Ángel Maya decía que la cultura es el medio adaptativo del ser humano para insertarse en la naturaleza y de esta manera poder satisfacer sus necesidades, es decir la cultura es el todo para el ser humano. Sin embargo, también afirmaba que había cierta ausencia de una ética-política que procurara hacer de este proceso de adaptación-transformación uno mucho más armónico, en donde la naturaleza no fuese simplemente un contenedor de recursos, sino que se la viera como un nicho el cual hay que proteger, obteniendo los recursos de ella de una manera mucho más racional.
En dicha perspectiva, es necesario que los políticos de oficio verdaderamente tengan una consciencia crítica sobre este tema del cambio climático y en términos generales, de los procesos ambientales, entendiendo que sus liderazgos conllevan una profunda responsabilidad, pues buscan que las condiciones de vida de la población sean las mejores, esa es la esencia de la política; procurar que los ciudadanos vivan de forma satisfactoria, así mismo, velando porque la naturaleza se conserve y se proteja. Para los políticos de oficio, estos aspectos deberían ser parte de sus funciones esenciales, puesto que, al buscar proteger a la naturaleza, estarían protegiendo el conjunto de la vida, primer principio ético-político que cualquier gobernante o funcionario debería tener en su ejercicio, aunque muy a nuestro pesar no es así.
La gestión pública y la gobernanza ambiental en Suacha
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible construyeron conjuntamente el Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de “El Niño” en octubre de 2023, para anticipar los posibles riesgos y preparar acciones de respuesta para afrontar los impactos del mencionado fenómeno, lo cierto es que la crisis está desbordando la capacidad de respuesta.
El plan aborda el fenómeno de “El Niño” desde una perspectiva holística, para poder establecer una visión que considera “la adaptación a la variabilidad climática como factor fundamental para fortalecer la capacidad del país para anticiparse, responder y recuperarse a los efectos e impactos asociados al fenómeno desde los diferentes sectores, territorios y comunidades susceptibles de ser afectadas”.
El presidente Gustavo Petro, ante los diferentes incendios forestales que se vienen presentado en el país en los últimos días, declaró desastre y calamidad nacional y al activar protocolos de articulación internacional para estos casos, anunció la ayuda de cuatro países: Canadá, Chile Estados Unidos y Perú.
Por su parte, las autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones, en función de su autonomía administrativa y política, deben tomar las medidas pertinentes para territorializar los lineamientos que se entreguen desde el orden nacional. El día de ayer, por ejemplo, el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey declaró “Calamidad Pública” ante la crisis climática. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, luego de sesión del Comité Municipal de Riesgo, declaró la “Alerta Roja”, además de Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para monitorear y responder a la crisis climática manifestada en ocho incendios que se han presentado en Soacha en los últimos días.
La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), declara el nivel de prevención por contaminación atmosférica en el área urbana de Suacha, y entrega una serie de lineamientos que deberían ser tenidos en cuenta por la administración municipal, el sector movilidad específicamente, la industria y la ciudanía en términos de comportamiento voluntario y medidas de autocuidado.
Tales declaratorias de emergencia permiten a los gobiernos la destinación de recursos de manera extraordinaria para gestionar crisis y desastres. La Alerta Roja declarada en Soacha implica atender la población afectada, activar las alarmas pertinentes y movilizar operativos de acuerdo con planes de emergencia.
Valga decir que, en algunos casos, además de los incendios forestales generados por las olas de calor del fenómeno de “El Niño”, se presentan situaciones con la responsabilidad de personas que sacan provecho de la crisis climática, como sucedió en Soacha con un incendio provocado para producir carbón vegetal y el caso de otras personas que queman neumáticos para extraerles el cobre y venderlo.
¿Quién hace el control político a las autoridades encargadas de asumir la gestión de la crisis y los riesgos de desastres en Soacha?
El concejo municipal en pleno debe estar alerta de tales situaciones en la ciudad, dadas sus funciones de control político a las acciones de la administración pública; deben citar a las autoridades públicas pertinentes para asumir las funciones oportunas en la gestión de los riesgos y los desastres. Las entidades objeto de control en esta coyuntura pueden ser la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Infraestructura.
Desde esta pequeña reflexión recomendamos la conformación de una comisión accidental en el concejo municipal para hacer seguimiento a las actuaciones de la administración, verificando la articulación interinstitucional, la aplicación del enfoque de derechos para evitar la acción con daño, que se lleven a cabo en armonía con los lineamientos del plan nacional para gestionar el fenómeno de El Niño, así como la puesta en marcha de un plan de choque para atender la emergencia y sus consecuencias, combatir la desinformación y aplicar acciones de pedagogía ciudadana, evitar y atender oportunamente la afectación a la salud pública, la integridad física de los seres vivos presentes en los ecosistemas afectados, la activación de rutas de atención integral, aplicación de medidas reparadoras cuando sea necesario y el control a la destinación y ejecución de los recursos financieros dispuestos para ello.
Desde las Juntas de Acción Local en cada comuna y corregimiento el ejercicio debe ser replicado. Cada instancia desde una amplia convocatoria pública que permita profundizar la participación de la ciudanía, habilitando múltiples canales de interacción para recoger los insumos de quienes quieran incidir y con el amplio acompañamiento de veedurías, medios de comunicación y órganos de control.
Siga a Periodismo Público en Google News.
Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp
