La ONG encargada de proteger los derechos humanos realizó un informe sobre los hechos cometidos durante las manifestaciones en el marco del Paro Nacional, el cual inició el 28 de abril del 2021.

En el informe se sustenta que han entrevistado a más de 150 personas en 25 ciudades del país, donde incluyen a víctimas, familiares, testigos presenciales, Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.

Human Rights (HRW) expone de manera directa acusaciones sobre varios cuerpos de la Policía Nacional y el ESMAD por el uso excesivo de poder contra los manifestantes, que han salido a protestar en diferentes puntos y ciudades de Colombia. Según ellos, han documentado numerosas muertes, golpizas, detenciones arbitrarias e incluso violaciones sexuales, donde además pidió una reforma a la Policía Nacional.

Otra de sus preocupaciones es que en Colombia no hay una ley justa, ya que al evidenciarse que al menos 16 manifestantes han muerto por uso de munición letal a manos de la fuerza pública, los casos en su mayoría son revisados por “juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que prosperen, dada su falta de independencia”. Calificó estos hechos como “abusos gravísimos”.

 Según el Ministerio de Defensa y un informe realizado, por lo menos 1.100 personas sufrieron lesiones, pero la ONG considera que la cifra es mayor, documentando 17 golpizas violentas cometidas por la policía, una de las cuales resultó fatal para Elvis Vivas, de 24 años, dos casos de violación sexual, 14 de agresión sexual y 71 casos de violación de género que atribuye a la fuerza pública, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

“Las violaciones a los derechos humanos por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino de fallas estructurales profundas. Se necesita una reforma seria que permita separar a la Policía de las Fuerzas Militares, y asegurar una rendición de cuentas para impedir que estos abusos queden impunes”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Por Daniel Camargo