Pareciera que algunos funcionarios de la Alcaldía de Soacha disfrutaran la necesidad ajena y se relajaran con dilatar los contratos.

Si bien es cierto se volvió costumbre en la administración pública dilatar la contratación y pedir cuanto documento exista, en Soacha el abuso sobrepasa los límites. Y no es una sola dependencia, son varias las señaladas de dichas demoras, situación que genera malestar entre quienes buscan un empleo.

Tristemente cuando los ciudadanos buscan al medio y transmiten la molestia, todos piden que no se revele su nombre porque eso sería sinónimo directo de suspender el proceso y olvidarse de cualquier posibilidad de empleo a futuro, por lo menos en la alcaldía y sus dependencias.

Lo que algunos manifiestan es que el alcalde dice una cosa y los funcionarios hacen otra. Y si bien se entiende que el municipio y el país vienen de un año difícil por la pandemia y que los recursos no abundan, también es evidente que se juega con la necesidad de la gente.

Quienes tienen a su cargo la contratación deberían ser claros y no llenar de esperanza ni ilusiones vanas a las personas, prometiendo un contrato que se dilata con el tiempo por diferentes causas. Que le faltó un documento, que no anexó el certificado de experiencia, que su perfil no cumple, que la seguridad social, etc, etc. ¡Ah!, que como se terminó el mes, hay que volver a sacar CDP y esperar al siguiente. ¡Qué horror!

La administración municipal debería ser más seria con el proceso de contratación y dar instrucciones para que los funcionarios hablen claro con quienes aspiran a un cargo público. Es preferible decirle a una persona que su contrato se demora dos o tres meses, o el tiempo que sea, e incluso que no le sale, pero no ilusionarlo con tiempos cortos que jamás se van a cumplir, es cuestión de honestidad.  

No se entiende por qué ese juego con la gente, y por qué a unos sí y a otros no, y por qué cada quien debe llevar su padrino político para que ‘medio le rinda’, porque si no es así, ahí se quedará esperando el milagrito.

Es claro que los procesos de contratación pública en Colombia, según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013, deben ser transparentes. En este aspecto no hay discusión, y esa transparencia comienza por tener en regla la documentación y bajo los términos legales, pero lo que se cuestiona como tal es la demora en el proceso y la negligencia de los funcionarios al dilatar y dilatar, y dejar vencer ciertos documentos para volverlos a pedir; esto se convierte en un juego que atropella directamente a quien aspira a ser contratado.

Ahora. Es evidente que a algunas personas el contrato les sale a una velocidad impresionante, otras deben soportar la espera y rogarle a Dios que su carpeta no se refunda y sus documentos estén al día, y otros andan trabajando gratis con la ilusión de que algún día los contraten. Ah, y súmele que en ciertos casos hay que prenderle una velita al Sagrado Corazón para que los funcionarios responsables del proceso de contratación estén de buenas pulgas y amanezcan con ganas de cumplir su labor, porque si no es así, siga orando hasta que sus plegarias sean escuchadas.   

Bueno sería actuar con honestidad y responsabilidad, y entender que no se debe jugar con la necesidad de las personas. Es cuestión de ponerse en los zapatos del otro y tener presente que los cargos públicos son transitorios, y que la vida es un círculo en movimiento, lo que significa que hoy puedo estar arriba, pero mañana quizá no.

Por @editorial