El excomandante del Ejército Mario Montoya y el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13 de Bogotá, entutelaron a la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) por el mural que apareció en el norte de Bogotá y que relacionaba a esos oficiales y al actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, con los falsos positivos ocurridos hace una década.

El mural, ubicado justo en frente de la Escuela Militar de Cadetes, fue borrado por soldados  el 18 de octubre pasado y ese hecho avivó aún más la polémica, que ahora tiene un nuevo capítulo en estrados judiciales. 

En su tutela, el general Pinto Lizarazo asegura:  “Es innegable que las imágenes publicadas realizan acusaciones en mi contra cuando indican de forma injuriosa, calumniosa, difamatoria, errónea que fui yo quien cometió esas conductas mal conocidas como falsos positivos”.

Según él, al poner su rostro bajo el número “45”, que indica que bajo su mando se habrían cometido esa cantidad de ejecuciones extrajudiciales, lo que estaría vulnerando derechos como el buen nombre y el debido proceso.

“Viola los derechos fundamentales de quienes se describen en la imagen publicada, al hacernos responsables de un número de muertes de civiles, que en mi caso particular aseveran sin prueba alguna, que han sido 45”.

Por su parte, el general retirado Mario Montoya asegura que se le hace responsable, públicamente, de 2.429 falsos positivos “sin que a la fecha exista sentencia condenatoria ejecutoriada” en su contra. Montoya es el oficial de más alta graduación investigado por esa práctica y ya acudió a la Justicia Especial de Paz (JEP) para que las investigaciones en su contra sean asumidas por esa jurisdicción alternativa. 

Los oficiales pretenden que la ONG deje de promover el fallido mural por sus redes y que incluso emprendan una campaña “que promueva el respeto por los derechos humanos de los Funcionarios Públicos y su derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, Dignidad Humana, honra y buen nombre”.

Así entonces el colectivo Madres de Soacha, radicó una carta que recoge más de 1.500 firmas de ciudadanos y organización de Derechos Humanos, controvirtiendo las peticiones de los militares y apoyando la acción artística desarrollada con la que pretenden denunciar la presunta verdad detrás de estos atroces crímenes.

“Nosotros tenemos derecho de hablar y por medio del arte expresar lo que uno siente”, expresó una de las madres víctimas de falsos positivos. Una de las mujeres agregó que hasta el momento le han llegado cuatro panfletos en las que la amenazan, actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz ya está al tanto de esta situación según informa.

Apoyo: Colombiano Indignado y Eltiempo.com