Uno de los temas principales en la agenda nacional hoy es la Minería. Por su naturaleza este tema debe asimismo estar bien situado en la agenda del Partido Verde.

Las consecuencias ecológicas de la Minería son literalmente monumentales y sus implicaciones socio-económicas son importantes.


No hay región colombiana más autorizada que Antioquia para hablar sobre Minería por experiencia propia. Desde el Siglo XVII, Antioquia ha sido la mayor región minera del país debido a las extensiones mineras del territorio y el volúmen minero de la producción, al menos hasta los tiempos recientes de la producción carbonera en el nororiente colombiano. Por esta razón, Antioquia cuenta con una de las pocas escuelas mineras del país y en todo caso la más antigua : la legendaria Escuela de Minas de Antioquia.

Según información oficial, 6.307.238 hectáreas están hoy ya designadas para exploración y explotación minera en Antioquia. 4.978.089 hectáreas más han sido solicitadas y están a la espera de una decisión minera oficial. El Estado ha otorgado un total de 9 mil títulos mineros, 1421 antioqueños, el 15,8%. Y de los títulos solicitados esperando una decisión que son 13 mil, 2138 son antioqueños, el 16,4%.

El Gobierno Nacional ha echado a correr la «locotomora minera» ; con este fin acaba de crear una Agencia Nacional Minera (ANM) centralizando las funciones estatales de Titulación y Fiscalización mineras. La Gobernación de Antioquia está criticando este nueva centralización de funciones y anuncia la presentación de un nuevo Código Minero de Antioquia.

Lo nuevo en todo esto, tanto a escala nacional como departamental, es la idea de la llamada «Minería Sostenible» entendida como Minería sin o con poco daño al medio ambiente y los ecosistemas. ¿Cómo lograrla? Hasta ahora lo único que hay como control es el conocido sistema de «licencias ambientales» de la Ley 99 de 1993, burlada en muchos aspectos todos los días a lo largo y ancho del país.

Ecologistas y ambientalistas están angustiados. Piensan que el Estado ha sido y continuará siendo inconsistente en el otorgamiento de las licencias y débil e ineficaz en hacer respetar las prohibiciones y las restricciones. Un creciente número de comunidades rurales están protestando, como en Perú, Bolivia y Ecuador.

El Partido Verde tiene el deber de estudiar y conocer bien este tema, para luego participar con coherencia y autoridad en la elaboración legal y en la vigilancia de su cumplimiento cuando la encuentre acertada. De otra parte, debe hacer la oposición democrática a la legalidad y administración mineras que encuentre equivocadas desde el punto de vista ecológico y ambiental.

Proponemos que la Reunión del Partido Verde en Medellín el 28 de Julio 2012 acuerde recomendar a la totalidad del PV asumir la problemática minera nacional y regional en su totalidad y la conformación de un Grupo de Trabajo Minero del Partido Verde del cual emanen conclusiones y recomendaciones a todos los estamentos del Partido : Congresistas, Diputados, Concejales, Gobernadores y Alcaldes. La reunión debería ademas solicitar a la Dirección Nacional y a la Bancada Parlamentaria ser activos y proactivos de cara a la Política Minera del Gobierno de Unidad Nacional.

Ojalá Antioquia adopte una política minera ecológica y ambientalmente ejemplar, que el resto del país pueda apreciar e imitar.

(Propuesta enviada a la Reunión en Medellín, 28 Julio 2012, por Eduardo Mariño, miembro del Partido Verde)