Seis cajas con treinta folios cada una es el resumen de las acciones tomadas por parte de la Administración Municipal en contra de las empresas ubicadas en el Corregimiento uno que vierten sus desechos y sustancias contaminantes al cauce del Río Soacha, atendiendo así a los autos y las resoluciones emitidas por la CAR, en donde se ordena medidas preventivas en contra de esos lugares.


Tras conocer el informe publicado por Periodismo Público.com (ver: http://bit.ly/19FqoXz), en el que se dio a conocer la problemática que existe en este lugar, los documentos emitidos por la CAR y la preocupación de los habitantes de los barrios cercanos a la ronda del Río por el hecho de que estas disposiciones no se habían hecho efectivas después de más de dos años, el Director de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno del municipio, Elberto Ariza, habló de las acciones que desde esta dependencia se han realizado, así como de la situación actual de cada una de las empresas involucradas.

Ariza explicó que lo que se ha podido evidenciar es que se han realizado las mismas actividades en varias ocasiones, debido a que las irregularidades cometidas por las empresas en mención son reincidentes y en este caso en más de una ocasión el Corregidor uno ha ido a realizar el respectivo cierre, pero luego se encuentra otro requerimiento para actuar contra las industrias:

“Estoy remitiendo casi seis cajas, cada una con cerca de 30 procesos o actuaciones, de todo lo que se ha hecho en la Dirección de Apoyo a la Justicia respecto a este tema, para que la CAR pueda tener un balance y verifique cuáles son las que tienen mayor importancia para ser intervenidas. No obstante, como se trata de delitos ambientales, el Corregidor ha dado traslado también a la Fiscalía y recurrido a las acciones preventivas que la Policía puede tomar para evitar daños”, dijo el funcionario, quien además manifestó que:

“Nosotros continuamos con estas actividades, estamos en una lucha frontal contra la minería ilegal y este tipo de irregularidades. Vale la pena recordar que existen unos pasivos ambientales desde hace mucho tiempo que deberían haber contado con la intervención directa de la CAR para la restauración morfológica y paisajística de los sitios afectados. Hacemos un llamado a la autoridad ambiental para poder requerir vía proceso sancionatorio ambiental a estas personas que han realizado este tipo de actividades para que así mismo se empiecen a corregir, porque en realidad el municipio lo necesita”, agregó Ariza.

De acuerdo a lo anterior, vale la pena recordar las empresas y personas que fueron requeridas por parte de la CAR:

• 1. Clara Bello
• 2. Jorge Enrique Huertas
• 3. Diasicol
• 4. Imseco
• 5. Édgar Cantor
• 6. Álvaro Mojica
• 7. José Vicente Clavijo

En ese sentido, la información dada por la Dirección de Apoyo a la Justicia en cuanto a las acciones realizadas en su contra, es que todas fueron intervenidas, incluso aquellas que no hacían parte del informe de la CAR, pero que también estaban generando afectación y daño ambiental. Es así como en el listado se encuentran Diasicol, Imseco, Huesos La Constancia, Jorge Enrique Huertas, José Vicente Clavijo, Álvaro Mojica y Clara Bello. En todos los casos existen medidas tomadas tanto del actual Corregidor William Mayorga, como del anterior Mauricio García.

En la actualidad, el Corregidor uno continúa haciendo los requerimientos contemplados en la Ley 232 de 1995, frente al cumplimiento de todos los requisitos que se establecen en esta, más que nada en lo que tiene que ver con el uso del suelo, de acuerdo a lo que dice el POT, para ordenar un cierre definitivo de la actividad comercial.

“Todas estas empresas tienen intervención y un proceso abierto por Ley 232, cuyas diligencias fueron remitidas a prevención y las comisiones de la CAR, con copia a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Quiere decir que a estos establecimientos se les realizó visita de verificación, y se les determinó suspensión de sus actividades. Si llega a haber reincidencia, la CAR volvería a requerirnos a nosotros para que le prestemos nuestra colaboración, como auxilio en las diligencias, pero en este caso no realizaría otro cierre, porque desde el punto de vista jurídico lo que habría es un proceso por fraude a la decisión de una autoridad, lo que implicaría un problema de tipo penal para la persona reincidente”, expresó el Director de Apoyo a la Justicia.

Ariza indicó además que si la comunidad tiene información sobre la reincidencia de las empresas en sus actividades, o conoce de otras que hagan lo mismo, debe hacerlo saber a la CAR directamente, o a través del Corregidor, e incluso por medio de la Dirección de Apoyo a la Justicia, para poder hacer el correspondiente traslado de la queja a la autoridad ambiental, con el fin de que esta haga la visita, verifique, y tome las medidas que correspondan.

Más casos

En todas las diligencias adelantadas por la Dirección de Apoyo a la Justicia, se ha contado con el apoyo y acompañamiento de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria de la Secretaría de Planeación, que ha participado activamente y ha estado muy atenta a los reclamos de la comunidad. Es así como se han encontrado más casos de empresas que contaminan el Río Soacha e infringen la norma ambiental.

La principal conclusión de esto es que hay explotaciones mineras e irregularidades por todo lado, entre estas se encuentran Arenas y Gravas La Roca en la vereda Panamá, y el predio conocido como ‘El Saltico’, donde realizó suspensión de vertimientos y emisiones atmosféricas. Adicionalmente está el predio San Humberto, José Joaquín Barrios, el predio denominado ‘Durancillo’ en la vereda Romeral, y la Recebera El Cascajal en la vereda Chacua. De la misma manera, allí se han realizado cierres y suspensiones de actividad.

“Si por ejemplo hay tres intervenciones en un mismo sitio, ese caso se puede tomar como punto focal de intervención. Hay muchas empresas más en varios sitios, no sólo en este sector del Río Soacha, sino también en otros lugares que hacen parte de la cuenca del canal Rio Claro. No es lo mismo que se generen vertimientos domésticos, a que haya alguien que se esté lucrando con una arenera, pero todo este tipo de factores se están teniendo en cuenta para poder tomar las medidas correspondientes”, destacó Elberto Ariza.

Estudio sobre el nivel de afectación del Río Soacha

La Dirección de Apoyo a la Justicia y el Corregidor William Mayorga, a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), han realizado un estudio sobre el estado de la cuenca media y baja del Río Soacha, con el propósito de definir las estrategias y soluciones que se deben dar con respecto a la afectación que se está dando en el cauce de esta fuente hídrica:

“El próximo jueves tenemos una reunión en la Casa de la Justicia para mostrar los resultados de este estudio, con el objetivo de involucrar a los diferentes actores de la Administración Municipal, para que cada uno desde sus competencias colabore a encontrar la solución del problema que básicamente está relacionado con los vertimientos y el crecimiento del cauce del río, por culpa de las arenas que se están acumulando ahí y las sustancias contaminantes que son depositadas allí”, concluyó el Director de Apoyo a la Justicia.