No cesa el volteo de tierras en Cundinamarca

A pesar de que la Procuraduría ha llamado a juicio a
funcionarios y exfuncionarios de 7 municipios del departamento, esta situación se
sigue presentando  en Cundinamarca. Se
trata de cambios irregulares en los usos del suelo dentro de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT), que terminan
achicando la tierra  rural para convertirla
en zonas de urbanización.

Entre las irregularidades que ha detectado el
Ministerio Público está que violando
normas ambientales se convierten cientos de hectáreas que eran de uso agrícola
y rural en zonas para edificar, tener comercios y extracción de materiales,
en algunos casos incluso traspasando límites de reservas ambientales y
arqueológicas.

También se ha detectado que se omiten las normas básicas de gestión del riesgo, lo que pone en
peligro las futuras edificaciones, así como que no se garantiza la capacidad
para el acceso a agua y a las viviendas que se aprueban construir.

Por estos hechos, la Procuraduría ya llamó a juicio
a funcionarios y exfuncionarios de los municipios de San Cayetano, Cajicá,
Funza, Tenjo, El Rosal, Facatativá y Nemocón.

Si bien la ley permite que una vez por periodo se
cambien predios rurales a urbanos exclusivamente para la construcción de
viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), que deberían
ir a las personas de más bajos recursos, algo que ha documentado la
Procuraduría es que esa figura se ha usado para cambiar los usos de tierras, pero en vez de construir ese tipo de
viviendas, se hacen casas campestres.

Por ejemplo, en Facatativá,
en 2014, una revisión excepcional al POT, presentada por el alcalde de ese
entonces Luis Orlando Buitrago Forero, incorporó un predio rural para un
desarrollo urbanístico de viviendas VIS y VIP, pero solo se destinó el 20 % a
la construcción de esas viviendas, y el otro 80 % a la construcción de viviendas campestres unifamiliares y
multifamiliares.

Esa revisión permitió que se incorporaran al suelo
urbano 145 terrenos para desarrollo urbanístico y tan solo 15 para vivienda VIS
y VIP.

Un caso parecido ocurrió en Funza, en donde se usó la figura de construcción de viviendas VIS y
VIP para modificar dos veces en un
mismo periodo de 4 años el POT del municipio.

Además, de acuerdo con la Procuraduría, el exalcalde
Jorge Enrique Machuca López, una exfuncionaria y diez exconcejales habrían
hecho cambios en la clasificación de suelos de protección rural para dejarlos
como suburbanos mediante licencias de parcelación que redujeron sustancialmente
la vocación agropecuaria y forestal que deben tener por ley los municipios de
la Sabana de Bogotá.

Incrementos
injustificados de suelo urbano

En Cajicá
se aprobó en 2014 una modificación al POT que dejó al municipio con solo un 23
% del territorio agropecuario y forestal, a pesar de que la ley ordena que esos
sean los usos prioritarios de la tierra en la Sabana de Bogotá. Esa misma
modificación, presentada por el exalcalde Oscar Mauricio Bejarano Navarrete
dedicó 96 hectáreas que eran de la Reserva Forestal Protectora Productora
Nacional de la Cuenca Alta del Río Bogotá para vivienda campestre.

Según la Procuraduría, el aumento de las tierras en
áreas de expansión urbana no se sustentó en una proyección de crecimiento
poblacional que haya partido de las cifras de crecimiento proyectadas por el
Dane, ente oficial para ese tipo de mediciones.

En este caso, además del exalcalde y 12 concejales,
se llamó a juicio disciplinario a los exsecretarios de Planeación Leonardo
Higuera Espinosa y Germán Camilo Bello Zapata, contra este último se
compulsaron además copias por posible violación del régimen de inhabilidades y
conflicto de intereses pues tan solo cinco días después de dejar la Alcaldía
ingresó como funcionario a la CAR, que tiene parte en temas ambientales de los
POT. De hecho, dentro de las investigaciones de la Procuraduría Bello fue llamado
a juicio como funcionario de la CAR en 2 casos.

Otro proceso en el que no se justificó la reducción
de suelo rural y agrícola es en Tenjo,
en donde se investiga un incremento “desordenado e injustificado” del suelo
urbano, de expansión urbana y de usos suburbanos, que se dio usando tierras
agrícolas que tenían restringida la posibilidad de urbanizarse.

En ese municipio, con una revisión al POT hecha en
2014 por iniciativa del alcalde Hansy Zapata Tibaquirá, el suelo urbano pasó de
72 hectáreas (ha) en el 2010 a 209,387 ha en el 2014; y el suelo de expansión
pasó de 145,22 ha en el 2010 a 158,91 ha en el 2014. Esa revisión se hizo
además cuando aún estaba vigente el POT anterior, que se había adoptado en
2011.

Por este hecho la Procuraduría llamó a juicio al
exdirector de la CAR Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, quien al parecer no
constató las decisiones de ordenamiento territorial frente a la Reserva
Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá y el Distrito de
Manejo Integrado Cerros de Juaica.

De otro lado, en Nemocón la Procuraduría reprocha que en el 2015 se modificó el uso
de aproximadamente 600 hectáreas clasificadas como rurales, y algunas de ellas
de reserva, para destinarlas a actividades diferentes como vivienda campestre y
residencial, comercio, servicios, industria y expansión urbana, entre otros.

Según el alcalde de ese entonces, Luis Felipe Castro
Gómez, había un déficit de viviendas que ameritaba añadir esas hectáreas pero
la Procuraduría encontró que el suelo requerido para cubrir el déficit de 305
viviendas para el área urbana era de unas 2,19 ha y no 58,61 ha, como quedaron
en la modificación como suelo de expansión; y que para cubrir un déficit de 689
viviendas en zona rural, el suelo requerido era de 69 ha y no de 110,9 ha que
son las que se propusieron como suelo suburbano residencial.

En ese municipio además se habría faltado a la
obligación de conservación de las áreas consideradas como patrimonio cultural
de la Nación, pues se amplío el perímetro urbano sobre el área de influencia y
zona arqueológica de Salinas; y se permitió que actividades mineras continuaran
en zonas declaradas como áreas arqueológicas protegidas por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a pesar de que eso está
prohibido.

A este caso también fue vinculado el exdirector de
la CAR Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, así como Germán Camilo Bello Zapata,
director operativo de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y
Territorial de la CAR.

En este caso la Procuraduría también vinculó al
actual alcalde de Nemocón, Renzo Alexander Sánchez Sabio, porque sabía que el
acuerdo que modificó el POT “fue expedido con presuntas irregularidades y
decidió no demandarlo”.

En cuanto a El
Rosal, la Procuraduría citó a juicio disciplinario al exalcalde Luis Jaime
Forero Salgado, a los citados funcionarios y exfuncionarios de la CAR; y a 9
exconcejales por un acuerdo que modificó el POT y disminuyó el área de reserva
forestal, su zona de amortiguación y el suelo rural, para aumentar el suelo
urbano, de expansión, usos suburbanos y de vivienda campestre. Las ampliaciones
se localizan sobre clasificación agrológica II y III que son suelo de
protección rural que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse y de
modificar su uso.

Además, el Ministerio Público ordenó compulsar
copias para investigar por separado posibles irregularidades en la expedición
de la licencia de urbanismo y construcción para el proyecto Fiorento y sus
derivadas.

Mientras que la investigación en San Cayetano, en cambio, no tiene que
ver con modificaciones al POT sino con la no actualización del mismo, por eso
se investiga al exalcaldes Jaime Martínez Vargas (2012-2015) y al actual
alcalde Luis Alejandro Roncancio Rincón. El último POT del municipio se adoptó
en el 2000 y pese a que su vigencia era de 9 años, no se ha actualizado. Ellos
debían presentar proyectos de acuerdo para la buena marcha del municipio en lo
relacionado con la formulación del ordenamiento territorial y no lo hicieron.

Fuente:
eltiempo.com

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp