No paran quejas por exagerado cobro de los servicios públicos en Soacha, Procuraduría investiga
Ante tanta queja por el atropello de las empresas de servicios públicos, la Procuraduría General de la Nación comenzó a buscar responsables y tiene en la mira a Gas Natural y Enel-Codensa.
En Soacha, al igual que en la mayor parte de municipios de Cundinamarca y el país, la queja constante por estos días es el exagerado aumento en los servicios públicos, especialmente gas y energía.
“Yo pagaba 28 mil pesos y la última factura me llegó por 123 mil, es un abuso y un atropello de Vanti contra los usuarios, y lo peor es que uno hace el reclamo y le dicen que pague, que después vienen a revisar”, indicó María del Carmen González, residente en la comuna seis de Soacha.
Y como ella, son miles de ciudadanos los que se quejan por el mismo atropello.
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Ante la cantidad de quejas, la Procuraduría General de la Nación comenzó a investigar el exagerado incremento en las tarifas de servicios públicos para encontrar a los responsables.
El ente de control abrió indagación contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y la Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG, por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia del Covid-19.
Se busca establecer los controles y las actuaciones de la Superintendencia y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.
El Ministerio Público busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la SSPD, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social.
Así mismo, busca determinar si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el covid-19.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.
De igual manera, por presuntos cobros excesivos en las tarifas de energía, la Procuraduría abrió indagación preliminar, en averiguación de responsables, contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; y la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (CHEC- GRUPO EPM) en el municipio de Santuario, Risaralda.
Así mismo, trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados.
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