Petro demanda a la Procuraduría por persecución

Los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentan ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, una demanda al Estado colombiano por la supuesta persecución de la Procuraduría contra el burgomaestre.


Esta medida corresponde en gran parte a la investigación disciplinaria que inició en enero pasado la Procuraduría (Ministerio Público), por la gestión de Petro durante el relevo del sistema de recolección de basuras de diciembre del año pasado, que estuvo cerca de causar una crisis sanitaria.

La Procuraduría indaga en qué presuntas conductas irregulares relacionadas con la prestación del servicio público de aseo pudo incurrir Petro, e investiga otras de naturaleza contractual y administrativa.

«Pedimos que la CIDH ordene a la Procuraduría suspender la investigación que cursa contra el alcalde Petro por el nuevo esquema de aseo. De esa manera, se frenaría el fallo que el organismo de control dictará», indicó uno de los abogados de Petro, Rafael Barrios en Caracol Radio.

El abogado argumentó que «el procedimiento adelantado por la Procuraduría no ha dado las garantías de igualdad ni garantías judiciales, ha sido más bien inquisitivo».

Y señaló que el procurador general, Alejandro Ordóñez, «concentra una serie de poderes y es inadecuado que no exista una segunda instancia».

El equipo de abogados de Petro espera que la CIDH emita una consideración cuanto antes para que el caso pueda ser entendido por el otro estamento del sistema de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El alcalde señaló hoy en su cuenta de la red social Twitter que «no es aceptable que se juzgue un funcionario por tratar pasar de un esquema que entierre basura al aprovechamiento de ella», por eso considera que está en todo su derecho de «acudir al proceso constitucional y al derecho convencional».

Además, señaló: «Sólo en un país con neoliberalismo fundamentalista dictatorial se investigaría por qué empresas públicas asumen un servicio», y concluyó al afirmar que «políticos de extrema derecha quieren presionar a la Procuraduría para ganar allí lo que perdieron en las urnas».

Desde el 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá estuvo inundada de basuras por las dificultades para que entrara en vigor un nuevo sistema de aseo que cambiaba a cuatro operadores privados, a quienes se les terminaba el contrato, por uno público que acabó necesitando la ayuda de las anteriores empresas.

Fuente: EFE

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp