A pesar de que han transcurrido cinco meses desde que se le ordenó a la Secretaría de Planeación hacer una verificación y un levantamiento topográfico que defina qué es espacio público dentro del conjunto San Carlos, cuáles son las áreas comunes y las zonas de cesión que el constructor le entregó al municipio, aún no se conoce una respuesta que permita definir si la urbanización debe seguir con el cerramiento o por el contrario hay que derrumbarlo.


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La historia del cerramiento del conjunto residencial San Carlos parecía concluir a finales del año 2011, cuando al expedirse la resolución 1585 del 30 de diciembre, la administración municipal en cabeza del entonces alcalde José Ernesto Martínez, estableció los parámetros para resolver dicho asunto. Esto con el fin de determinar sí hay zonas de cesión tipo A, es decir de uso público municipal dentro del conjunto y verificar si están siendo obstruidas por el muro construido en 1994, del cual no se tiene licencia de construcción.

Sin embargo, este proceso se ha tardado más de lo estipulado y aún se espera respuesta de las órdenes dadas. Entre tanto, el director de la oficina de apoyo a la justicia, Óscar Ramírez, explicó la situación actual de este proceso:

“La alcaldía recibió una solicitud de infracción urbanística y de bien de uso público, y tras años de debate alrededor del tema, la administración municipal se pronunció por medio de la resolución 1585 y tomó cuatro decisiones:

La primera de ellas es revocar una decisión anterior en la cual se ordenaba sancionar al administrador.

En segunda instancia, ordenar a la Secretaría de Planeación iniciar todas las diligencias necesarias a fin de legalizar las cesiones aprobadas en los planos de las licencias 131, 230 y 231 de 1983. Esto quiere decir que se le pide a Planeación hacer una verificación y se ordena un levantamiento topográfico que defina qué es espacio público dentro del conjunto San Carlos, cuáles son las áreas comunes y cuáles son las zonas de cesión que el constructor le entregó al municipio para que éste pueda responsabilizarse de zonas que son suyas. En ese punto exacto vamos y estamos esperando el concepto de Planeación”.

Según la resolución 1585, tras haberse comprobado que existen zonas de cesión de uso público dentro del conjunto, se le concede un plazo 60 días al administrador para que presente ante la oficina de Planeación una solicitud de intervención sobre ocupación y cerramiento, y de esta manera el municipio le autorice cerrar, caso en el cual se conservarían los muros actuales. Por último, sí el administrador no se presenta en el plazo establecido, se iniciará un proceso sancionatorio por infracción urbanística estipulado en la ley 675 de propiedad horizontal del año 2001.

A pesar de que la resolución se expidió el año pasado, aún continúa la espera del punto número dos, que consiste en la verificación de la Secretaría de Planeación. Según la Dirección de Apoyo a la Justicia y la administración del conjunto, ya se han hecho varias visitas por parte de Planeación y ya se hizo el levantamiento topográfico; no obstante, desde hace tres meses se sigue esperando la respuesta.

Periodismo Público intentó hablar con el secretario de planeación Orlando Ramírez durante 15 días; sin embargo la mayoría de ocasiones no se encontraba o no estaba disponible, incluso en dos oportunidades incumplió sus compromisos.

Libardo Ramos, administrador del conjunto San Carlos, cuestionó la demora de la Secretaría de Planeación y dijo que esta actitud los está afectando:

“Hace unos meses vinieron dos arquitectos y un topógrafo a hacer un estudio minucioso y no encontraron ninguna vía pública; ellos enviaron una carta al secretario de gobierno y al leer eso, él expidió los resultados a la oficina de Apoyo a la Justicia y de allá me llegó una comunicación diciendo que ellos nuevamente mandaron a Planeación para que den el último dictamen, y así sucesivamente… van en una ruleta. El hecho es que nos dieron 60 días, vamos para cuatro meses y me ha tocado mandarles tres derechos de petición para saber la razón de la demora, y siempre se echan el pato de fulano a sutano. Yo les he llevado lo que me han pedido, pero ellos están cometiendo un error grave, porque están violando una resolución sin reversa”.

El 9 de Mayo, la administración de San Carlos recibió un comunicado en respuesta a un derecho de petición, en el cual se explica que la verificación de las zonas de cesión sigue en proceso.

Al contrario de Ramos, algunos propietarios del conjunto, como José Ramírez, creen que efectivamente sí existen vías públicas dentro del conjunto, y que el municipio no necesita verificarlo:

“Recién el banco y la constructora nos entregaron los apartamentos, se inscribieron unas vías públicas en la licencia. Yo no estoy esperando que la alcaldía defina eso, lo que yo compré fueron unas vías públicas. Que hace unos años colocaron esos muros por seguridad, es otra cosa. Pero si el municipio aprobó la licencia de construcción de la urbanización San Carlos y está firmada por la misma oficina de Planeación, ¿cómo es posible que ahora vengan a decir que no saben cuáles son las áreas que les corresponden después de veinticinco de años?”

A oscuras la inseguridad ‘acecha’

Lo cierto es que el cerramiento es solo uno de los problemas que agobian a la comunidad de San Carlos, puesto que hace más de dos meses las luminarias y postes están suspendidos del servicio de alumbrado. Además a causa de las deudas y de la poca contribución con la cuota de administración de ciertos residentes, algunas zonas comunes como el parque infantil están descuidadas y deterioradas a falta de mantenimiento; también los pastos llevan mucho tiempo sin ser podados, lo cual origina que se formen grandes charcos y lodazales por el invierno. A esto se suma la inconsistencia en el servicio de vigilancia, pues según algunos residentes, los celadores del conjunto se renuevan constantemente, lo cual ha provocado problemas de inseguridad dentro del conjunto.

Miriam Hoyos, residente desde hace un año, es clara en que el problema de la inseguridad es producto de la vigilancia: “Uno se mete en esto por tener más seguridad, porque están robando mucho afuera… pero aquí es peor. En el conjunto no hay seguridad, aquí entra todo mundo y no preguntan, las puertas permanecen abiertas y entran ‘ñeritos’, ladrones, marihuaneros por todo lado y sin vivir acá, porque los mismos ñeros le tiran a los celadores, pero entonces ¿para qué son los vigilantes?”

Ante esta denuncia, uno de los celadores, quien apenas lleva 20 días laborando, declaró que estos individuos son muchas veces mismos residentes del conjunto quienes entran con amigos. También expresó que por su experiencia en San Carlos, aún no conoce a todos los habitantes y menos en la oscuridad.

Por último, algunos residentes se quejan del mal manejo del servicio de aseo por parte de la administración.

“El problema es que hay un botadero de basura a cielo abierto ahí en toda la mitad del conjunto, y ahorita ya no nos recogen por bloque en nuestras canastillas, sino que ahora llegan los recicladores, botan el reguero en plena vía pública, sacan y escogen para llevarle a la empresa de aseo. Ya estamos colapsando con esto y la administración es la directa responsable”, dijo Gabriel Torres, residente del conjunto.
Ramos, administrador del conjunto, es claro frente al tema de las basuras: “Aquí entra la empresa de aseo común y corriente, nosotros les dejamos la basura en un solo sitio para que el carro no vaya bloque por bloque, ya que nos sale más costoso el servicio. El problema es la falta de conciencia y cultura de la gente, todos los días van sacando una bolsita hasta que se apila más de lo normal, y fuera de eso en la misma bolsa revuelven el plástico con el papel, el vidrio y hasta los excrementos de los perros y los bebes; entonces obviamente que los muchachos de reciclaje clasifican todo.”

La historia de los problemas de San Carlos se sigue escribiendo a diario y los perjudicados son todos y cada uno de los residentes del conjunto, quienes tienen que enfrentarse a esta realidad con la incertidumbre de saber cuándo se aclarará este panorama. Sin embargo, en tanto la administración y los residentes no lleguen a un acuerdo de pago y mientras se nieguen a tomar conciencia de los problemas y trabajar en común por ellos, la situación del conjunto seguirá igual o peor….