CAN debe ser patrimonio público, no de las inmobiliarias. La carencia de suelo urbanizable no puede ser excusa para apropiarse de terrenos que son bien público. El Centro Administrativo Nacional debe ser respetado como patrimonio de los bogotanos y del país, afirman los defensores de esta posición.


Según Rodrigo Cortés, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, “la urbanización de ese suelo, producida poco a poco, permitió que el CAN albergara entidades cuya función es directamente la representación de lo público”.

El carácter de terrenos públicos es fruto de la utilización de un suelo que fue legado a una entidad pública (Hacienda El Salitre administrada hoy por la Beneficencia de Cundinamarca), con el ánimo de garantizar que otros equipamientos públicos de la ciudad tuvieran un soporte financiero.

La Biblioteca Virgilio Barco, la Gobernación de Cundinamarca, el Parque Simón Bolívar, el predio vecino a la Clínica Santa Rosa en el occidente, la Universidad Nacional “siguen siendo propiedades públicas y su valor cultural agregado y de memoria colectiva es patrimonio de todos los bogotanos”, enfatizó el académico.

Si bien, los grandes monopolios constructores del país ven esos terrenos como una mina para hacer plata, el profesor Cortés insiste: “esto no es un potrero, tampoco un lugar rural y descampado en el que se localizaron algunas instalaciones de lo público por azar. Allí no se puede empezar a construir una serie de edificaciones con el ánimo de crear un nuevo suelo”.

Es, por el contrario, un patrimonio público y cultural establecido por el Estado y que ahora se ve amenazado por el gobierno de turno que pretende una renovación urbana para construir edificaciones que aumenten el suelo ‘artificial’, con inmuebles de 20 pisos.

“El negocio está planteado para que, más o menos, la tercera parte del nuevo suelo artificial esté destinada a usos de carácter público, a albergar entidades estatales que tienen una relación con lo público, de atención directa a una población que requiere unos servicios determinados”, dice el decano.

Destaca: “Se está convirtiendo en una empresa prestadora de servicios y lo demás, en espacio rentable, espacio que se vende en el mercado inmobiliario como se tranza cualquier otro bien y a un precio impresionante, ya el CAN no se identificará como el Centro Administrativo Nacional ni como un espacio dirigido a albergar las entidades más importantes del Estado, sino a una combinación de lo público y lo privado, en donde lo último primará”.

Son 26 las hectáreas libres y verdes de la Beneficencia al costado occidental del CAN que están en riesgo.

Carácter público versus desarrollo inmobiliario

Para Cortés, es innegable la magnitud del negocio inmobiliario en la ciudad, lo que podría suceder con los terrenos del CAN. “A lo largo de la Avenida 26 hay muchos ejemplos de cómo el sector privado concibe que pueda desarrollar sus actividades inmobiliarias para obtener el mayor provecho que dé ese suelo”.

Y de aquí se desprenden buena parte de las presiones y urgencias a las que se tiene sometido el proceso de renovación en el CAN. El Estado va a pasar de ser el propietario total del suelo a poseer menos de la tercera parte de los metros cuadrados que surgen de esa operación inmobiliaria.

“¿Y de ahí para adelante qué? nos convertimos en los primeros pisos con unos desarrollos inmobiliarios gigantescos, a eso se reduce el carácter público que va tener este espacio”, manifiesta.

Y puntualiza: “cualquier estrategia de intervención en el CAN, por más radical que sea, tiene que cultivar, desarrollar y consolidar ese carácter de patrimonio público, entendido como una premisa que se impone a cualquier ejercicio económico o prospectivo que se haga para ese territorio”.

Fuente: Unimedios