La participación de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP está en riesgo si no mejoran las condiciones de seguridad en el territorio. Así lo revela el Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Así como el ELN atenta contra el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado, las Águilas Negras son otra de las amenazas.

Garantizar la no repetición de los crímenes cometidos en el marco del conflicto, es un objetivo central del Acuerdo Final de Paz. La situación de crítica violencia que se vive en el pacífico nariñense, amenaza el futuro del Caso 02 que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas. Esa fue la alerta que lanzó este miércoles la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial de Paz.

Los derechos a la verdad y justicia de 105.213 víctimas acreditadas ante la JEP, en esa región del país, están en jaque. La radiografía que presenta el Monitoreo de Riesgos de Seguridad, en su más reciente informe, es alarmante. Solo el 21 de febrero de 2021, 11 personas fueron asesinadas. Con estos casos, en ese departamento se elevó a 117 el número de crímenes ocurridos desde el fin del conflicto con las Farc-EP.

De acuerdo con la UIA, se trata de la masacre número 22 que se reporta en ese departamento del suroccidente del país desde 2016. Precisamente allí, donde la JEP investiga —desde hace dos años— aproximadamente 2.524 hechos victimizantes, agrupados en 12 afectaciones, que presuntamente fueron cometidos entre 1990 – 2016 por integrantes de las extintas Farc-EP y miembros de la fuerza pública que vienen entregando versiones ante la Jurisdicción.

El monitoreo de la UIA indica que en el pacífico nariñense hay una continua revictimización. Muchas de las personas y organizaciones que fueron víctimas de la columna móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las extintas Farc-EP a inicios del siglo XXI, hoy son nuevamente violentadas por las disidencias del Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores y la Segunda Marquetalia.

Las pésimas condiciones de seguridad que se viven en esta región del país obstaculizan las labores de la JEP y la participación activa de las víctimas. 

Para la UIA es preocupante que el número de afectaciones a estos colectivos haya aumentado de 2019 a 2020, año en el que alcanzó su pico con 43 hechos violentos. Por esto, la UIA advierte que la región vive una crisis humanitaria debido al alto número de masacres, eventos masivos de desplazamiento forzado, confinamiento de comunidades enteras y las amenazas que restringen el liderazgo social.

Se evidencia una falta de garantías para el ejercicio del liderazgo social que, entre otras cosas, atenta contra el interés de las comunidades de participar en el proceso judicial. Las amenazas de muerte y el asesinato continuo de ex autoridades indígenas del pueblo Awá desestimula la participación en la JEP. Se atemoriza a las personas de base a seguir teniendo contacto con autoridades judiciales, como es el caso de la Jurisdicción.

Una de las poblaciones especialmente vulnerables es la comunidad LGBTI. El informe indica que durante el último trimestre del año 2020 se presentaron siete hechos victimizantes en Tumaco, en los que las estructuras criminales golpearon, torturaron, amenazaron e incluso acosaron sexualmente a varios de sus líderes. La situación tiende a empeorar. En 2021 se ha presentado un aumento significativo, en comparación con otros periodos similares.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

En Nariño, los grupos armados utilizan las masacres como un elemento generador de miedo que les permita avanzar en sus tácticas de control social. En un tercio de los casos a nivel departamental se encontró que esta forma masiva de violencia fue ejecutada por un alto número de hombres armados dedicados especialmente a custodiar las zonas ya ocupadas. Este sería un elemento distintivo de Nariño en relación con otras regiones del país. 

De acuerdo con el Monitoreo que viene haciendo la UIA, en los tres municipios priorizados por la JEP, se evidencian una gran cantidad de grupos que se disputan el dominio sobre estas zonas. Aunque en Barbacoas y Ricaurte solo operaba el Frente Suroccidental del ELN, desde 2019 en el primer municipio, además está el Frente Suroccidental Alfonso Cano, el Frente Oliver Sinisterra y el Frente 30; y en el segundo hace presencia el Frente Oliver Sinisterra.LA ACTUACIÓN DE LAS ÁGUILAS NEGRAS

Así como el ELN atenta contra el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado, Las Águilas Negras, conocidas como herederas del paramilitarismo, son otra de las amenazas. A pesar de que las autoridades han negado su existencia porque no tienen una estructura militar reconocida que combata contra la guerrilla o las fuerzas del Estado, un estudio realizado por la Unidad de Investigación y Acusación revela que hay elementos empíricos sólidos para inferir que las amenazas y otro tipo de acciones intimidantes que se les endilga tienen un grado de coordinación y planeación. 

Por ello, la UIA propone una reconceptualización de este fenómeno, al calificarlo como «etiqueta criminal» que tiene la capacidad de actuar de forma coordinada para intimidar a organizaciones sociales que en muchas ocasiones están relacionadas con la JEP. Por eso este órgano judicial alerta que existen siete elementos que dan cuenta de un patrón delictivo por parte de las Águilas Negras. Es necesario, advierte el monitoreo, que se priorice la atención sobre esta expresión criminal que está causando pánico en los titulares de derechos y garantías de la Jurisdicción y pone en peligro sus vidas.

Fuente: JEP
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