La decisión, que favoreció a Néstor Franco, se conoció el pasado 26 de junio. En ente de control, que fue el que sancionó al exdirectivo, impugnó la decisión, al asegurar que no existió una vulneración a sus derechos fundamentales ni del debido proceso.

No se hizo esperar la respuesta de la Procuraduría ante el fallo de tutela, que provisionalmente dejó sin efectos la sanción disciplinaria contra al exdirector de la CAR de Cundinamarca, Néstor Franco. El ente de control, que fue el que sancionó y destituyó al exdirectivo, impugnó la decisión y su decisión queda en firme.

La tutela en cuestión la radicó Franco el pasado 12 junio y en ella argumentó que en el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría se había violado su derecho al debido proceso. El juez que analizó los argumentos del exdirectivo, en principio, atendió su reclamo y suspendió los efectos de la decisión, mientras el sancionado presenta en los próximos meses una demanda de nulidad ante la justicia administrativa.

Respecto a la decisión del juzgado, la Procuraduría pidió que se anulara el falló, pues asegura que durante el proceso se le dieron todas las garantías a Franco y no se violaron sus derechos fundamentales. Incluso, en el documento del ente de control hay un recuento detallado del trámite procesal.

*Indagación preliminar a funcionarios de la CAR: 12 de abril del 2018

*Citación a audiencia a Néstor Guillermo Franco: 6 de septiembre del 2018

*Instalación de audiencia: 21 de noviembre del 2018

* Presentación de descargos y solicitud de pruebas: 10 de enero del 2019

* Alegatos de conclusión: 1 de abril del 2019

*Fallo de primera instancia: 6 de mayo del 2019

Asimismo, el ente de control recordó que tiene potestad para para suspender provisionalmente y sancionar con destitución a servidores públicos, sin importar si fueron elegidos o no por medio del voto popular. El fallo disciplinario que adelantaba la Procuraduría inhabilitó a Franco para ejercer cargos públicos por 10 años.

¿Por qué fue suspendido e inhabilitado Franco?

La Procuraduría tomó la decisión contra Franco por “irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía – PTAR II-”. Para el Ministerio Público, Franco actuó en contra del principio de planeación y provocó un incremento de $62.876 millones en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

El convenio por más de $35 mil millones, suscrito entre la CAR, Emserchía y la alcaldía municipal de Chía, según la Procuraduría “no se encontraba en condiciones de ser ejecutado”, en tanto no tenía los suficientes estudios y los diseños no estaban actualizados, lo que según el ente de control provocó retrasos en la ejecución de las obras y el incremento en el valor final de proyecto.

Meses después, al ratificar la sanción e inhabilidad, la Procuraduría reiteró que no se tuvo en cuenta que los estudios y diseños realizados en 2011 eran obsoletos en 2015, cuando se firmó el convenio para la construcción de la PTAR, por lo que al final tuvieron que hacerse los ajustes al valor de las obras.

“Quedó demostrado que se quebrantó el principio de planeación en la ejecución de las obras, porque no se tomaron las medidas necesarias para asegurar la construcción de la planta en los términos y valores inicialmente previstos”, dijo en su momento el Ministerio Público.

Sin embargo, para Franco, la PTAR ya está ejecutada en su totalidad y lista para iniciar las pruebas de operación, lo que beneficiaría a un 70 % de la población del municipio, pues la idea es que aguas residuales sean tratadas en nivel secundario, antes de ser vertidas al río Frío y al río Bogotá.

Fuente: ElEspectador.com